El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este miércoles un nuevo Código Contravencional, que tiene como objetivo endurecer las penas de los delitos que se cometan en la Ciudad de Buenos Aires. “No hay ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla ante las mafias y los violentos”, afirmó Macri.

“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador, que se hace pasar por un banco y engañar a alguien y robarle sus datos. Al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva bombas molotov a las manifestaciones; a todos ellos se les terminó la impunidad bajo mi gestión”, aseguró el alcalde porteño.

“Con este nuevo código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”, remarcó el jefe de Gobierno.

El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura un proyecto para modificar de manera integral el Código Contravencional porteño. La propuesta contempla un fuerte incremento de las sanciones económicas y nuevas penas para distintas conductas: las multas por manejar bajo los efectos del alcohol superarían los $7 millones, mientras que la venta ilegal en la vía pública podría ser castigada con montos de hasta $58 millones. En el caso de los trapitos que reincidan, se prevé además arresto de hasta 90 días.

La iniciativa modifica la Ley 1.472, que establece el Código Contravencional, y la Ley 12, vinculada al procedimiento para aplicar esas sanciones. El objetivo es actualizar el régimen para abordar situaciones que afectan la convivencia urbana, pero que no constituyen delitos, entre ellas determinadas infracciones de tránsito, los ruidos molestos y el acoso callejero. Las penas pueden incluir multas, trabajos de utilidad pública y arrestos.

El proyecto amplía además el listado de conductas consideradas contravenciones. Entre las incorporaciones aparecen el acoso callejero, determinadas modalidades de estafas digitales y la utilización o tenencia de elementos que puedan ser empleados para generar disturbios. A la vez, plantea un incremento de las sanciones previstas para la mayoría de las faltas que ya están contempladas en la normativa vigente.