La reunión de urgencia entre los principales espadas del oficialismo y los bloques aliados buscó desactivar la ofensiva de Unión por la Patria y sectores dialoguistas. La prioridad absoluta de la Casa Rosada consiste en blindar la validez legal del decreto desregulador. El oficialismo apela a la negociación política para desarticular el número en el recinto.

El armado impulsado desde la Presidencia de la Cámara baja enfoca sus esfuerzos en comprometer el ausentismo o la abstención de legisladores que responden directamente a gobernadores provinciales de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Dirigentes oficialistas remarcaron que el rechazo del megadecreto generaría un escenario de inestabilidad jurídica que afectaría las inversiones privadas y las reformas fiscales en marcha. Por este motivo, la mesa técnica ofrece agilizar transferencias de partidas presupuestarias pendientes a cambio del retaceo de votos. La presión sobre los mandatarios subnacionales resulta clave para el esquema.

La embestida opositora se reactivó tras los recientes fallos judiciales sobre el capítulo de la Ley de Tierras y la presión de sectores gremiales que buscan derogar la reforma laboral contenida en la norma. Los bloques convocantes aseguran estar cerca de alcanzar el número mínimo de 129 diputados para habilitar el debate sobre tablas y dar la estocada final al texto dictado en 2023. Frente a la amenaza inminente, los operadores libertarios argumentan que derribar el decreto paralizaría contratos comerciales clave. La disputa parlamentaria anticipa una votación de pronóstico reservado.

Desde el bloque del PRO y de bancadas de centro manifestaron posturas divididas entre acompañar el reclamo de sus distritos o sostener el entendimiento legislativo con el Gobierno nacional. Algunos referentes de la oposición dialoguista condicionaron su inasistencia al compromiso formal de tratar proyectos alternativos que incorporen las modificaciones exigidas sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En ese sentido, las negociaciones continentales incluyen retoques en la redacción de iniciativas paralelas. El canje de leyes busca neutralizar la embestida opositora.

Por su parte, las bancadas impulsoras del rechazo denunciaron aprietes institucionales sobre los legisladores del interior e insistieron en la ilegalidad originaria de la herramienta de desregulación masiva. Voceros de la oposición dura ratificaron que mantendrán la convocatoria y advirtieron que los diputados que no bajen al recinto quedarán expuestos como cómplices del ajuste fiscal. Ante este escenario, los promotores del debate parlamentario intensifican el poroteo banca por banca. La contienda en el Congreso escala a horas del llamado a votar.

El resultado final del operativo emprendido por la conducción oficialista se revelará con el marcado del tablero electrónico al momento de iniciar la jornada legislativa. La capacidad de contención de la Casa Rosada sobre sus socios eventuales determinará si el DNU 70/23 conserva la vigencia o si sufre un revés definitivo en la Cámara baja. Mientras tanto, los despachos del Congreso hierven con negociaciones de última hora. La continuidad del decreto desregulador entra en una etapa crítica.