Las transferencias directas de las arcas sindicales se justificaron para la confección del anteproyecto del "Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica" en un predio público de 80.000 metros cuadrados ubicado en Tres de Febrero. Sin embargo, la megaobra quedó completamente paralizada luego de que el municipio bonaerense impugnara el trámite, dejando al descubierto un circuito de contrataciones irregulares que desvía los aportes de los afiliados metalúrgicos hacia el entorno de la agrupación política. 

La cesión original de las tierras nacionales se concretó de manera exprés en noviembre de 2023, durante el último trimestre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La AABE, controlada políticamente por terminales camporistas, resolvió desafectar el gigantesco terreno de la órbita del Ministerio de Defensa para otorgarle un permiso de uso gratuito y precario a la UOM.

A pesar de que el traspaso formal de la posesión estatal demoró meses, las autoridades del gremio metalúrgico ya habían contratado de antemano el asesoramiento del estudio de Reibel Maier y su socia, Andrea Mercado. El flujo de dinero se estructuró a través de tres propuestas consecutivas de consultoría, coronándose con la firma de un contrato en febrero de 2024 para la confección de los planos definitivos por $118 millones de pesos básicos. 

El total consolidado que el gremio metalúrgico transfirió a las cuentas del amigo de la adolescencia de Máximo Kirchner ascendió exactamente a $126.787.567 más IVA. Mientras los honorarios profesionales se liquidaban con absoluta celeridad, el proyecto civil colisionó de frente contra las normativas básicas de planificación y desarrollo urbano locales. 

El freno definitivo a la edificación llegó de la mano del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien envió una carta documento intimando al sindicato a paralizar cualquier tipo de tarea en el lugar. El jefe comunal constató que la instalación de un centro de convenciones era de cumplimiento imposible por la zonificación vigente, además de calificar la triangulación de tierras como un acto plagado de improvisación. 

Este nuevo frente de tormenta administrativa se acopla a la investigación penal por asociación ilícita y desvío de fondos que lidera el juez Julián Ercolini sobre los balances del gremio. La justicia federal mantiene bajo la lupa un convenio donde la conducción de Furlán le cedía el control de la recaudación a la empresa USEM SA, una firma constituida por la dirigente camporista María Soledad Calle que llegó a facturar $100 millones mensuales.