El mandatario oficializó un endurecimiento legal para castigar severamente a las compañías internacionales que realicen actividades comerciales sin el aval explícito de la República Argentina en las zonas disputadas. Al mismo tiempo, confirmó la inyección de presupuesto para acelerar la infraestructura militar austral mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El eje central del anuncio presidencial radicó en la inhabilitación absoluta para operar dentro del territorio continental a cualquier firma que explote recursos naturales de manera ilegítima en las Islas Malvinas. La medida apunta directamente contra los consorcios internacionales que avanzan en la extracción hidrocarburífera de la cuenca norte, enviando un fuerte mensaje de disuasión económica.

La ofensiva legal se complementará con el envío de un proyecto al Congreso de la Nación que busca modificar y endurecer las penalidades contempladas en la Ley 26.659. El Gobierno pretende con esto dotar al Estado de herramientas jurídicas más estrictas, obligando a los actores corporativos a elegir entre alinearse con la legislación argentina o quedar completamente marginados del mercado nacional.

Como correlato de esta estrategia, el Jefe de Estado firmó un decreto que amplía de forma prioritaria los fondos destinados al Ministerio de Defensa. El objetivo estratégico de esta reasignación presupuestaria es financiar la postergada Base Naval Integrada de Ushuaia, un desarrollo que busca consolidar de forma permanente la presencia física y logística de las Fuerzas Armadas en la provincia de Tierra del Fuego.

El mandatario subrayó que las nuevas instalaciones militares permitirán transformar a la región patagónica en el polo logístico más relevante de todo el Atlántico Sur, sirviendo además como plataforma clave para la proyección hacia el continente blanco. Esta base operará bajo estricta bandera nacional y con recursos propios, desmarcando los anuncios de antiguas especulaciones sobre financiamientos compartidos.

Hacia el cierre de su intervención, el líder libertario convocó a los diferentes sectores políticos a edificar una política de seguridad nacional de largo plazo que proteja de forma efectiva las fronteras y los recursos estratégicos. Insistió en que la causa Malvinas representa una bandera de unidad nacional que excede cualquier bandera partidaria o administración de turno.