La estrategia dilatoria de La Libertad Avanza y sus aliados se centrón en la multiplicación de giros a comisiones accesorias para postergar el debate técnico de las iniciativas. Los operadores del Gobierno argumentan que los proyectos en danza —que contemplan desde la reestructuración de deudas con plásticos hasta la suspensión de ejecuciones por créditos UVA— carecen de un análisis de impacto fiscal serio sobre el sistema bancario. Mediante este mecanismo, el oficialismo busca ganar tiempo para intentar quebrar la frágil unidad que consiguieron las bancadas opositoras en torno al texto definitivo.

Desde los despachos de los bloques convocantes acusan al oficialismo de intentar invisibilizar un problema social que afecta a más del 76% de las familias argentinas, atrapadas en el financiamiento de consumos alimentarios básicos. Los legisladores opositores advierten que la estrategia de postergación sistemática tiene patas cortas, ya que la presión de las organizaciones civiles y de inquilinos sobre las bancadas intermedias se volvió insostenible. En este escenario de paridad, cada voto en el recinto se negocia al milímetro de cara a la próxima sesión especial.

Por su parte, los principales armadores de la Casa Rosada en el Congreso intentan contrarrestar la ofensiva legislativa mediante promesas de obras públicas y giros de fondos discrecionales hacia las provincias cuyos diputados integran los bloques dialoguistas. El objetivo de máxima del Ejecutivo es convencer a un puñado de gobernadores para que retiren a sus representantes del recinto el día del debate, vaciando el quorum y provocando la caída de una sesión que amenaza con transformarse en un severo revés político para el programa fiscal del presidente.

El conflicto escaló a tal punto que varios presidentes de comisión alineados con el oficialismo decidieron suspender de manera unilateral las reuniones informativas programadas para esta semana, argumentando superposición de agendas con la discusión del Presupuesto. Esta parálisis forzada desató la furia de los bloques opositores, quienes amenazan con avanzar en un pedido de emplazamiento directo al presidente de la Cámara para forzar la apertura de las puertas del recinto bajo apercibimiento de un escándalo institucional.

La pulseada parlamentaria promete mantenerse en niveles críticos durante los próximos días, transformando al palacio legislativo en el epicentro de la disputa política nacional. Mientras el oficialismo confía en que su estrategia de desgaste logre enfriar el tratamiento de las leyes de alivio financiero, la oposición apuesta a consolidar un piso de 129 diputados sentados en sus bancas para demostrar que el control de la agenda legislativa ya no pertenece exclusivamente al Poder Ejecutivo.