El malestar del sector manufacturero se profundizó debido a la marcada ausencia de la plana mayor del Gobierno en las principales actividades conmemorativas. Mientras las fábricas del interior operan con suspensiones, paradas técnicas y una capacidad ociosa récord, los industriales sintieron que la gestión de Javier Milei les dio la espalda al no proponer canales de diálogo ni herramientas de alivio fiscal. El discurso oficial, centrado en el déficit cero, es percibido por el sector como una condena al cierre de plantas operativas.

La realidad en las pymes fabriles es dramática ante el encarecimiento de la energía y la apertura indiscriminada de las importaciones, que amenaza con destruir cadenas de valor enteras. Los empresarios advierten que los incrementos en las tarifas de gas y electricidad para uso industrial tornan inviable la competencia frente a productos extranjeros, dejando al borde del abismo a miles de puestos de trabajo de alta calificación en el conurbano bonaerense y los polos provinciales.

Para el arco industrial, la falta de una política sectorial coordinada está provocando una desindustrialización acelerada difícil de revertir en el corto plazo. El freno total a la obra pública paralizó a los proveedores siderúrgicos y de la construcción, mientras que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios pulverizó el mercado de consumo de bienes durables, como electrodomésticos, textiles y calzado, obligando a reestructuraciones forzosas.

La encrucijada del sector se agrava al no contar con líneas de financiamiento productivo a tasas accesibles que permitan sostener el capital de trabajo durante la tormenta. Sin incentivos crediticios, la mayor parte de las empresas debe autofinanciarse o liquidar stock a precios de quebranto para afrontar el pago de sueldos y obligaciones impositivas, un escenario que destruye el horizonte de inversión de cara a los próximos años.

Frente a este complejo panorama, los líderes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y las federaciones pymes comenzaron a tejer alianzas con gobernadores del interior para reclamar leyes regionales de protección fabril. La estrategia busca regionalizar los reclamos de competitividad, advirtiendo que la caída de una fábrica en una localidad pequeña destruye de manera inmediata toda la economía local, consolidando un desierto productivo que tardará décadas en recuperarse.