Entre los nombres más destacados de la nómina figuran integrantes clave del equipo económico de Luis Caputo. Felipe Núñez, director del BICE, obtuvo un financiamiento cercano a los 315.000 dólares para comprar una imponente casa de 400 metros cuadrados en la zona residencial de San Isidro, mientras que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, combinó un préstamo de 367 millones de pesos del Banco Nación con fondos del Banco Ciudad para expandir su patrimonio inmobiliario.

El esquema de beneficios también alcanzó a la estructura comunicacional y legislativa del oficialismo. Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como "Juan Doe" y actual director de Comunicación Digital, registra una deuda hipotecaria superior a los 112 millones de pesos destinada a la compra de un departamento. En sintonía, Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados, utilizó el financiamiento público para la adquisición de un terreno.

El escándalo sumó nuevos capítulos al revelarse los casos de la diputada oficialista Lorena Villaverde y del director del Banco Central, Pedro Inchauspe. Según los registros patrimoniales, los fondos estatales fueron direccionados a la compra de lotes en exclusivos barrios cerrados y countries del conurbano bonaerense, lo que desató una ola de cuestionamientos éticos por el uso de líneas de fomento social para inversiones de alta gama.

Ante la masiva filtración, el propio presidente de la Nación y su entorno salieron a blindar a los funcionarios implicados con una fuerte defensa pública. Desde el Ejecutivo argumentaron que la tramitación de los créditos se ajustó estrictamente al marco de la legalidad general, negando la existencia de privilegios o "ventanillas exclusivas" y sosteniendo que cualquier ciudadano bajo las mismas condiciones financieras podría haber accedido al mismo beneficio.

La revelación de que funcionarios de primera línea utilizaron fondos de fomento para segundas propiedades o lotes de veraneo obligó a la conducción del Banco Nación a modificar la normativa interna a las pocas horas de estallar el escándalo. La entidad resolvió dar de baja el apartado que agilizaba el trámite para cargos políticos y reestableció el criterio estricto de "vivienda única", mientras la Justicia Federal investiga si existieron tratos preferenciales en el otorgamiento de los montos.