Alejandro Gentile, ejecutivo de Techint y flamante presidente de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), le presentó un plan formal al gobierno de Axel Kicillof para eliminar de forma total el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad manufacturera. La iniciativa fue entregada directamente al ministro de Producción, Augusto Costa, y al titular de ARBA, Cristian Girard, con el objetivo firme de que sea incorporada en el debate de la próxima Ley Fiscal Impositiva.

El proyecto diseñado por los industriales propone un esquema de quita progresiva que lleva la alícuota al 0% de manera inmediata para las micro y pequeñas pymes que facturen hasta $3.200 millones anuales. Para las medianas empresas se proyecta una reducción gradual escalonada en un plazo de tres años, mientras que para las grandes compañías el beneficio se completaría en un período de cinco años. Según los informes técnicos de la entidad empresaria, la fuerte presión impositiva bonaerense en este rubro supera ampliamente a la de competidores regionales directos como Brasil y México.

Desde la conducción de UIPBA, entidad que hoy representa al 50% del Producto Bruto Interno (PBI) industrial de la Argentina, aclararon que la propuesta no busca desfinanciar la gestión pública bonaerense. Argumentan que el costo fiscal de la reforma puede compensarse ampliando la base imponible y combatiendo la evasión, la cual estiman en un 25% dentro del propio sector fabril. El reclamo también expone que el actual cobro en cascada de este tributo genera una severa pérdida de competitividad que termina fomentando la importación de productos terminados.

La jugada fabril generó inmediatas repercusiones en el tablero político de la provincia de Buenos Aires. Dirigentes del oficialismo provincial salieron al cruce de la propuesta cuestionando el origen corporativo del reclamo y la fuerte cercanía de Gentile con el magnate Paolo Rocca. Desde sectores legislativos afines a la gobernación reprocharon a los empresarios mantener una postura de máxima exigencia hacia la Provincia mientras guardan silencio ante las medidas de ajuste económico de la administración nacional.

Por su parte, las autoridades del organismo de recaudación provincial abrieron una instancia de diálogo, pero fijaron condiciones estrictas para avanzar. El director de ARBA, Cristian Girard, coincidió con el diagnóstico sobre la necesidad de reducir los impuestos distorsivos, aunque advirtió que cualquier reforma fiscal profunda requiere de un proceso previo de crecimiento económico consolidado. La postura estatal insiste en que las problemáticas del sector fabril son amplias y exceden la discusión exclusiva de Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque.

El debate sobre la Ley Fiscal Impositiva a finales de año se perfila como el escenario definitivo donde se medirá la fuerza de esta presión empresaria. Con datos alarmantes sobre la mesa, que exponen la pérdida de más de 1.300 establecimientos industriales y miles de puestos de trabajo en el territorio bonaerense, la tensión fiscal promete escalar. El pedido de la entidad conducida por el hombre de Techint expone de manera abierta el histórico conflicto por la distribución de recursos y la falta de una coparticipación equitativa para la provincia.