El Gobierno nacional decidió cambiar el tono en su relación con las provincias y lo hizo con un gesto concreto. En la Casa Rosada se firmó el traspaso de la administración de la ruta nacional A012 a la provincia de Santa Fe por un plazo de veinte años, con el gobernador Maximiliano Pullaro como principal beneficiario de una jugada que el oficialismo montó para escenificar la reapertura del diálogo con el interior. La A012 es una vía estratégica para el cordón portuario del Gran Rosario, por donde sale buena parte de la producción agroexportadora del país.
El acto tuvo una particularidad que no pasó inadvertida: la presencia de Karina Milei en un rol de gestión. La secretaria general de la Presidencia, que suele reservarse para la actividad partidaria y evita la exposición institucional, encabezó la firma junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. La aparición de la hermana del Presidente en una foto de gestión con un gobernador fue interpretada como una señal del peso que la Casa Rosada le asigna a la reconstrucción del vínculo con las provincias en la antesala del año electoral. El mensaje fue tan político como administrativo.
La propia Karina Milei acompañó el gesto con palabras. "El Gobierno nacional se preocupa por las provincias porque somos todos argentinos", afirmó la secretaria general de la Presidencia, en un mensaje que difundió la Casa Rosada y que buscó despegar al oficialismo de la imagen de un poder central enfrentado con el interior. La frase, inusual en boca de una funcionaria que casi no habla en público, condensó el giro discursivo que el Gobierno quiere imprimirle a la etapa.
El traspaso de la A012 no es un dato menor para Santa Fe. La ruta funciona como acceso al complejo portuario más importante del país y evita que miles de camiones ingresen al ejido urbano de Rosario durante la temporada de cosecha. Al quedar bajo administración provincial, el mantenimiento y las obras pasan a la órbita de Pullaro, que suma una herramienta de gestión en una zona clave. Para el gobernador santafesino, que mantiene una relación pragmática con la Casa Rosada, el acuerdo representa una ganancia concreta sin necesidad de comprometer su autonomía política ni sumarse al oficialismo. Ese equilibrio es el que Pullaro viene cuidando.
El movimiento se enmarca en una preocupación que en la Casa Rosada admiten puertas adentro: las encuestas. Con las elecciones de medio término cada vez más cerca, el oficialismo detectó que la relación tensa con los gobernadores le podía costar caro y decidió retomar el diálogo que había enfriado. La reaparición de Karina Milei y Diego Santilli en la mesa de negociación con las provincias responde a una lectura política más que a un cambio de convicciones: el Gobierno necesita aliados para aprobar sus reformas y votos para sostener su base en el interior. El gesto hacia Pullaro es apenas el primero de una serie.
El esquema, sin embargo, tiene un límite claro: la billetera. El propio plan de equilibrio fiscal que el Gobierno exhibe como su mayor logro le impide repartir recursos con generosidad, de modo que la estrategia pasa por traspasar obras, rutas y competencias antes que por girar fondos frescos. Los gobernadores reciben la administración de activos, pero también las responsabilidades y los costos que antes cargaba la Nación, en una operación que el oficialismo presenta como descentralización y que el interior mira con la cautela de quien conoce la letra chica. El diablo, como siempre, está en los detalles.
En el caso santafesino, el vínculo tiene además un componente electoral. Pullaro es una de las figuras que el oficialismo quiere tener cerca sin necesariamente absorber, y la negociación por la ruta convive con las tratativas por la eliminación de las PASO y por la agenda de reformas. El gobernador, que construyó su capital político sobre la gestión y la seguridad en su provincia, se cuida de no quedar pegado al mileísmo mientras aprovecha cada acuerdo que le convenga a Santa Fe. Esa distancia calculada es parte de su estrategia de cara a 2027.
Los analistas que siguen la relación entre Nación y provincias leen el acto como parte de un giro más amplio. Después de meses de choques por la coparticipación, las transferencias y las obras paralizadas, el Gobierno entendió que sin los gobernadores no aprueba ni una ley y que el enfrentamiento permanente tenía un costo electoral creciente. La foto de la Casa Rosada con Pullaro, y la voz de Karina Milei pidiendo cerrar la grieta con el interior, marcan el intento del oficialismo de pasar de la confrontación a la negociación sin perder el relato del ajuste. El desafío es sostener ese equilibrio.
El traspaso de rutas y competencias a las provincias abre, además, una discusión de fondo sobre el reparto de responsabilidades. Bajo el argumento de la descentralización, la Nación cede la administración de activos pero también los costos de mantenimiento y las obras, en un esquema que las provincias reciben con la cautela de quien conoce los antecedentes. La transferencia de la ruta a Santa Fe es presentada como una victoria de gestión, pero también implica que la provincia deberá afrontar con recursos propios un mantenimiento que antes cargaba el presupuesto nacional. El gesto tiene, para las provincias, una contracara que conviene leer con atención.
El caso santafesino funciona como modelo de lo que el Gobierno quiere replicar con otros distritos. La Casa Rosada apuesta a construir una red de acuerdos puntuales con gobernadores dispuestos a negociar sin sumarse al oficialismo, en un esquema de geometría variable que le permita conseguir votos tema por tema. La estrategia de acuerdos selectivos con mandatarios pragmáticos es la apuesta del Gobierno para compensar su debilidad parlamentaria sin necesidad de construir una coalición estable. Cada provincia se negocia por separado, con su propia agenda de demandas.
La reaparición de Karina Milei en la gestión marca, además, un cambio en el organigrama del poder. La secretaria general de la Presidencia, que concentra buena parte de las decisiones partidarias, sumó ahora un rol visible en la negociación con las provincias, un movimiento que refuerza su peso dentro del esquema de gobierno. La exposición de la hermana del Presidente en la mesa con los gobernadores confirma que la relación con las provincias pasó a ser una prioridad del núcleo más cercano al poder. El gesto tiene tanto de político como de institucional.
Lo que quede de este acercamiento se medirá en el Congreso. El Gobierno necesita que los gestos hacia las provincias se traduzcan en acompañamiento legislativo para el Super RIGI, la reforma tributaria y la reforma electoral. La pregunta que sobrevuela cada firma es cuántos votos compra realmente un traspaso de ruta y hasta dónde están dispuestos los gobernadores a acompañar sin garantías de fondos. La respuesta empezará a verse cuando el Congreso vuelva del receso.