La inflación de mayo fue del 2,1%, la cifra más baja en ocho meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato marcó una desaceleración respecto del 2,6% de abril y le dio al Gobierno un argumento para sostener que el programa de estabilización avanza, aunque la City pone el foco en los riesgos del esquema cambiario. El índice acumuló 33,2% en los últimos doce meses y un 14,7% en los primeros cinco meses del año, una trayectoria que el oficialismo presenta como prueba de que la desinflación es sostenible y de que el rumbo económico empieza a dar resultados.

El número de mayo fue el más bajo desde septiembre de 2025. La desaceleración se explica, en buena medida, por la combinación de un tipo de cambio relativamente estable y una actividad económica que se mantiene amesetada, factores que actúan como anclas sobre los precios. El tipo de cambio planchado y la economía sin despegar funcionaron como el freno principal de la inflación de mayo. El Gobierno celebró el dato como una validación de su rumbo, aunque los analistas advierten que la inercia sigue siendo alta y que el piso mensual difícilmente perfore el 1% en el corto plazo.

El desagregado del índice ofrece matices. La división con mayor aumento en el mes fue Comunicación, seguida por Educación, mientras que la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró mayo con una suba por encima de lo registrado en abril. El comportamiento dispar de los rubros muestra que la desaceleración general convive con presiones puntuales en sectores sensibles para el bolsillo, especialmente en los alimentos, que pegan de lleno en los hogares de menores ingresos. La baja del índice general, advierten especialistas, no se traduce necesariamente en alivio para todos los segmentos de la población.

El telón de fondo es el debate sobre la sostenibilidad del ancla cambiaria. El Gobierno apuesta a mantener el dólar relativamente quieto para contener los precios, una estrategia que mostró resultados en el corto plazo pero que genera dudas sobre su viabilidad. El interrogante que recorre el mercado es cuánto tiempo más puede sostenerse la calma cambiaria sin acumular tensiones que terminen estallando. El propio dólar dio señales de inquietud en las últimas semanas, con cotizaciones que se arrimaron a los 1.500 pesos y encendieron alertas entre los operadores que siguen de cerca la evolución de las reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró en los últimos días apagar un clima financiero adverso a fuerza de absorción de pesos. La Secretaría de Finanzas colocó deuda en moneda local para retirar liquidez del mercado y contener la presión sobre el tipo de cambio, una operación que le permitió al Gobierno cerrar la semana con cierta tranquilidad. Sin embargo, el riesgo país dejó de bajar y se mantuvo estable, una señal de que el mercado todavía no termina de premiar al modelo pese a la desinflación. La estabilidad financiera se sostiene, pero a costa de un esfuerzo permanente de administración de la deuda en pesos y de las expectativas.

Desde la mirada crítica, economistas advierten que el esquema tiene patas cortas. El economista Emmanuel Álvarez Agis viene señalando que el Gobierno entró en una fase electoral en la que prioriza mantener el dólar quieto para llegar a las elecciones con la inflación controlada, una estrategia que, sostiene, acumula desequilibrios que tarde o temprano habrá que corregir. La crítica de fondo es que la calma cambiaria es funcional al calendario electoral, pero no resuelve el problema estructural de la falta de dólares. Para esa corriente, el atraso cambiario es una bomba de tiempo que se desactiva pateándola hacia adelante, con un costo que se pagará después de las elecciones.

La discusión expone las dos miradas que atraviesan el debate económico. Para el oficialismo, la baja de la inflación es la prueba de que el ajuste fiscal y la disciplina monetaria funcionan, y de que la economía empieza a ordenarse tras años de desequilibrios. Para los críticos, en cambio, la desinflación se logró a costa de una recesión que castiga la actividad y el empleo, y se sostiene sobre un tipo de cambio artificialmente planchado que no podrá mantenerse indefinidamente. El dato de mayo alimenta ambas lecturas, en una grieta económica que reproduce la grieta política y que tiñe cada publicación del INDEC.

El impacto sobre la economía real sigue siendo el gran interrogante. La desaceleración de los precios convive con una actividad que no termina de recuperarse, con sectores industriales golpeados y un consumo deprimido. La baja de la inflación, celebrada en los despachos oficiales, no se traduce todavía en una mejora perceptible en el bolsillo de la mayoría, que sigue enfrentando salarios rezagados y precios que, aunque suben menos, no bajan. La brecha entre el dato estadístico y la percepción social persiste, y se convierte en uno de los principales desafíos de comunicación del Gobierno de cara a la campaña.

De cara a los próximos meses, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener la desinflación sin que el ancla cambiaria se transforme en un problema. La acumulación de reservas, la evolución del dólar y la capacidad de Caputo para seguir absorbiendo pesos serán las variables a monitorear. El oficialismo apuesta a llegar a las elecciones con la inflación domada, pero el mercado ya empezó a preguntarse qué pasará después. La cifra de mayo le dio aire al Gobierno; la sostenibilidad del modelo, en cambio, sigue en discusión y será el verdadero test de la política económica en la segunda mitad del año.

El comportamiento de los salarios será otro factor decisivo en los próximos meses. La desaceleración de los precios pierde sentido para los hogares si los ingresos no logran recuperar el terreno perdido durante los años de alta inflación. La verdadera medida del éxito económico no es solo cuánto bajan los precios, sino cuánto recuperan los salarios frente a ellos. Por ahora, buena parte de los trabajadores percibe que su poder de compra sigue rezagado, una sensación que convive con los anuncios oficiales de desinflación y que condiciona el humor social.

En el plano político, la evolución de la economía será el principal insumo de la campaña que se avecina. El oficialismo apuesta a que la baja de la inflación se traduzca en un respaldo electoral, mientras la oposición buscará capitalizar el costo social del ajuste y las dudas sobre la sostenibilidad del esquema. La pelea por el relato económico será uno de los ejes centrales de la disputa rumbo a 2027. El dato de mayo es apenas un capítulo de una historia que todavía se está escribiendo, y cuyo desenlace dependerá de variables que el Gobierno no controla por completo.

El comportamiento de las reservas será otra variable decisiva en los próximos meses. La capacidad del Banco Central de acumular divisas determina, en buena medida, la sostenibilidad del esquema cambiario y la posibilidad de sostener el dólar quieto sin sobresaltos. Si las reservas no se fortalecen, la presión sobre el tipo de cambio podría reaparecer y poner en jaque la estrategia de desinflación. La verdadera retaguardia del programa económico no es la baja de la inflación, sino la acumulación de los dólares que la sostienen. Sin ese respaldo, advierten los analistas, la calma actual podría revelarse más frágil de lo que el Gobierno admite.

En el plano social, el desafío del oficialismo es traducir la mejora estadística en una percepción concreta de alivio. Mientras los salarios sigan rezagados y el consumo deprimido, la baja de la inflación seguirá siendo un dato que el Gobierno celebra pero que la mayoría no termina de sentir en su vida cotidiana. La distancia entre el éxito que muestran los números y el malestar que persiste en los hogares es el principal frente abierto del programa económico. Cerrar esa brecha, más que cualquier récord de desinflación, será la verdadera prueba de la política económica en la recta final hacia la elección.