El Gobierno nacional oficializó adelantos de coparticipación por cientos de miles de millones de pesos destinados a una docena de provincias, en un esquema que volvió a exponer la lógica con la que la Casa Rosada administra la relación fiscal con los distritos: premiar a los aliados y castigar —o, al menos, dejar al margen— a los que no se alinean. Entre las grandes ausentes del reparto figuran la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe, es decir, los distritos de mayor peso económico y demográfico del país.

El listado de beneficiados y excluidos dibuja un mapa político elocuente. Recibieron adelantos provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán: distritos que, con matices, mantienen algún grado de alineamiento o de diálogo con la agenda oficial. Quedaron afuera Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. La distribución no responde a criterios de necesidad fiscal ni de proporción poblacional, sino a la geometría política del momento.

El caso de Córdoba es particularmente ilustrativo. La provincia mediterránea exhibe una de las situaciones fiscales más ordenadas del país entre los distritos de mayor peso económico, con cuentas equilibradas y una gestión que históricamente se preció de su autonomía respecto del poder central, sea cual fuere el signo del gobierno nacional. Esa misma autonomía, sin embargo, parece haberle costado quedar fuera del esquema de adelantos. La paradoja es notable: una de las provincias mejor administradas del país no accede a un beneficio que sí reciben distritos con cuentas mucho más comprometidas, simplemente porque no forma parte del círculo de aliados incondicionales de la Casa Rosada.

El mecanismo de los adelantos de coparticipación merece una explicación. Se trata de que la Nación gire de manera anticipada fondos que las provincias percibirían más adelante, una herramienta que en sí misma puede ser legítima para asistir a distritos con problemas de caja. El problema no es la herramienta, sino el uso discrecional que se hace de ella. Cuando el criterio para otorgar o negar un adelanto deja de ser la situación fiscal objetiva de cada provincia y pasa a ser su comportamiento político, la coparticipación —que es un derecho constitucional de los distritos, no una dádiva del poder central— se convierte en un instrumento de disciplinamiento.

Esa distorsión no es nueva en la política argentina, pero la gestión actual la llevó a un grado de transparencia inusual. Los adelantos y los recortes funcionan, en los hechos, como zanahoria y garrote en la negociación parlamentaria: las provincias que acompañan las leyes que el Gobierno necesita —el Súper RIGI, el pago a los holdouts— reciben señales de buena voluntad fiscal, mientras las que se resisten quedan al margen. El Congreso y la caja se vuelven dos caras de la misma moneda, y la autonomía provincial se paga cara.

El reparto selectivo se da, además, en un contexto de fuerte caída de los recursos coparticipables en términos reales. La recesión, la baja de la recaudación y el propio diseño del ajuste nacional achicaron la masa de fondos que se distribuye automáticamente entre Nación y provincias, lo que vuelve a los adelantos discrecionales todavía más codiciados. Cuanto más escaso el recurso, más poder tiene quien decide cómo se reparte. Y ese poder, hoy, está concentrado en la Casa Rosada como pocas veces antes.

La situación generó un reacomodamiento del mapa federal. Los gobernadores que quedaron fuera del esquema empezaron a coordinar posiciones comunes para reclamar de manera conjunta, conscientes de que individualmente tienen poco margen frente a la Nación. La reunión reciente de los mandatarios radicales de Santa Fe, Corrientes y Chaco, o los movimientos de los gobernadores del Litoral por una agenda regional, se inscriben en esa lógica defensiva: frente a un reparto que premia la lealtad, las provincias castigadas buscan construir un poder de negociación colectivo.

Conviene, sin embargo, mantener la distancia crítica también con los reclamos provinciales. Muchos de los distritos que hoy protestan por quedar fuera del reparto construyeron durante años estructuras de gasto dependientes de las transferencias nacionales, sin desarrollar bases tributarias propias robustas. La excesiva dependencia de la coparticipación es, en parte, resultado de decisiones de gestión de las propias provincias. Eso no legitima la discrecionalidad con que la Nación distribuye los fondos —que es, lisa y llanamente, una herramienta de presión política—, pero sí matiza la idea de un federalismo de víctimas inocentes frente a un poder central abusivo.

El cuadro de fondo es el de una Argentina cuyo régimen de coparticipación, diseñado para garantizar la autonomía financiera de las provincias, terminó funcionando como un mecanismo de subordinación al poder de turno. Cada gobierno nacional —de cualquier color— usó la caja para premiar a los propios y castigar a los ajenos, y la gestión libertaria no inventó nada nuevo: apenas perfeccionó la técnica y la aplicó con menos disimulo. La discusión de fondo, la de una reforma del sistema de coparticipación que lo vuelva previsible, automático y a salvo de la discrecionalidad política, sigue postergada, como hace décadas.

Mientras esa reforma no llegue, el reparto seguirá rigiéndose por la misma vara: la lealtad. Doce provincias adentro, las grandes afuera, y un mensaje que ningún gobernador puede ignorar. En la Argentina de los adelantos a dedo, la mejor política fiscal no es tener las cuentas ordenadas como Córdoba, sino levantar la mano cuando la Casa Rosada lo necesita. Lo demás, por ahora, no paga.

Para dimensionar la gravedad del mecanismo conviene recordar qué es, en rigor, la coparticipación. Se trata de un sistema constitucional por el cual los impuestos que recauda la Nación —IVA, Ganancias y otros— se distribuyen entre el Estado nacional y las provincias según coeficientes establecidos por ley. No es una transferencia graciable ni un subsidio: es la devolución a los distritos de una porción de los recursos que se generan en sus territorios y que la Nación recauda de manera centralizada. Por eso resulta tan problemático que sobre ese sistema, que debería funcionar de manera automática y previsible, se monte un esquema paralelo de adelantos discrecionales que el Gobierno otorga o niega según el comportamiento político de cada provincia. Lo automático se vuelve negociable, y lo que era un derecho se transforma en una recompensa.

El daño de esta lógica no es solo coyuntural, sino institucional. Cuando las provincias aprenden que la mejor manera de acceder a recursos no es ordenar sus cuentas ni desarrollar su economía, sino alinearse políticamente con el poder central, el incentivo que se construye es perverso: premia la obsecuencia y castiga la autonomía. Córdoba, que exhibe una de las gestiones fiscales más ordenadas del país, queda afuera; provincias con cuentas mucho más comprometidas pero políticamente dóciles, adentro. El mensaje para todo el arco de gobernadores es inequívoco, y erosiona la base misma del federalismo: la idea de que las provincias son entidades autónomas con derechos propios, y no súbditos que dependen de la buena voluntad del gobierno de turno.

La discusión, además, tiene una dimensión democrática que suele quedar opacada por la aridez de los números fiscales. Detrás de cada peso de coparticipación que llega o no llega hay servicios concretos que las provincias prestan o dejan de prestar: salarios docentes, insumos hospitalarios, seguridad, infraestructura. Cuando la Nación usa los fondos como herramienta de disciplinamiento político, los que terminan pagando el costo no son los gobernadores —que se las arreglan—, sino los ciudadanos de las provincias castigadas, que reciben peores servicios por una decisión que nada tiene que ver con sus necesidades y todo con la geometría del poder. La coparticipación a dedo no es solo una anomalía técnica: es una forma de trasladar a la gente las consecuencias de una pulseada política que le es ajena. Y esa, quizás, sea la cara más injusta de todo el mecanismo.