El líder del MAS profundizó la fractura interna del partido al denunciar públicamente que el actual mandatario ha perdido la capacidad de gestión institucional. Según Morales, el país atraviesa un estado de inmovilidad que solo puede destrabarse con una convocatoria a elecciones generales inmediatas. Esta postura tensiona aún más la relación entre el ala "evista" y el sector renovador del gobierno.

La exigencia de recortar el mandato presidencial surge en un contexto de crecientes conflictos sociales y dificultades en el suministro de divisas y combustibles. Morales argumenta que el gobierno ya no tiene gobernabilidad suficiente para enfrentar la crisis y que el pueblo debe decidir un nuevo rumbo. La propuesta de los 90 días de plazo busca acelerar una transición que considera inevitable.

Desde el entorno del expresidente, aseguran que esta medida es la única vía para evitar un colapso democrático mayor en Bolivia. El exmandatario enfatizó que el descontento popular en las calles refleja el agotamiento de un ciclo político que ya no responde a las bases. Para Morales, el adelantamiento electoral permitiría legitimar a una conducción capaz de estabilizar la economía nacional.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ha rechazado estas declaraciones calificándolas como un intento de desestabilización del orden constitucional. Los ministros de Arce sostienen que el pedido de elecciones anticipadas carece de sustento legal y solo busca favorecer las ambiciones personales de Morales. Esta disputa interna amenaza con paralizar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El panorama político se vuelve incierto mientras los diferentes sectores sociales comienzan a alinearse tras una de las dos figuras. El éxito o fracaso de este pedido de adelantamiento electoral dependerá del nivel de movilización que logre el sector cocalero. Bolivia observa con preocupación cómo la lucha por el poder agudiza la crisis interna del partido gobernante.