ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Las facturas de energía eléctrica de usuarios no residenciales se cuadruplicaron a partir de la quita de los subsidios establecidas por el Gobierno Nacional con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en las cuentas del Estado.
El segmento afectado abarca desde las Pymes del comercio y la industria, pasando por los edificios y su pago de expensas, instituciones de salud, hoteles o las cuentas de los municipios por el alambrado público.
La situación fue ilustrada con algo de ironía en las últimas horas con la escena viral de un comerciante cordobés que acudió a pagar la luz con una carretilla de billetes de cien pesos, en protesta del drástico incremento de la tarifa, que escaló a $840 mil.
La liberación en los precios de las tarifas, y el retiro de los subsidios del Estado para amortiguar el costo que estas tienen para los usuarios son un factor central en el programa de Javier Milei; tanto para ir reduciendo los compromisos presupuestarios que le implican pérdidas en la balanza fiscal, como para mejorar la calidad del servicio vía inversiones.
El ajuste previsto por el ministro de Economía, Luis Caputo, equivale a unos 3.000 millones de dólares en concepto de subvenciones, cuya carga irá a parar a los consumidores, más las actualizaciones mensuales que se ajustarán a la inflación.
En febrero, la decisión de la administración de La Libertad Avanza fue eliminar todos los subsidios a la energía eléctrica, a excepción de usuarios domésticos de ingresos bajos y medios. En tanto, en el AMBA, se autorizó un aumento en los márgenes de Edenor y Edesur, mientras que cada provincia ajustó los ingresos de las distribuidoras de sus distritos.
El impacto fue acusado en los diferentes rubros afectados por la decisión, y en las últimas horas Clarín precisó que el hotel de un importante empresario en mendoza pasó de pagar una factura de $15 millones a una de $65 millones. Un aumento de 333%, mientras en simultáneo sufría una reducción de la afluencia de clientes derivada de la recesión.
En otro orden, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, puso el grito en el cielo luego de que la comuna sufriera un incremento del 277% en las tarifas por el alumbrado eléctrico: pasó de $71,8 millones en febrero a $271,1 millones en marzo. Situaciones similares sufren todos los municipios.
En esa misma línea se inscriben todo tipo de emprendimientos productivos o inmobiliarios, cuyo drástico incremento en los costos regulares necesariamente se trasladará al consumidor o beneficiario final, trastornando las unidades de negocio por completo.
EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA RECIBIÓ UNA FACTURA DE LUZ DE $270 MILLONES
— Fernando Gray (@fernandogray) March 19, 2024
Recibimos la factura de alumbrado público municipal por un monto de $271.114.175. En febrero, la tarifa había sido de $71.882.479, lo que significa un aumento del 382% en solo un mes.
En la factura… pic.twitter.com/0gKSzfEmQP
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet calculó que los aumentos a comercios e industrias en AMBA promedian el 311% y 286%, respectivamente.
El titular de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI), Miguel Summa, detalló que “en un edificio de oficinas de 13 pisos sobre avenida Córdoba, alrededor de Tribunales, que pagaba $500.000 en febrero, la factura se fue a $1.700.000”, y también ejemplificó con edificios donde “la electricidad de la portería se fue de $6.000 a $25.000”.
Los inquilinos verán las consecuencias a partir de este mes o el que viene en las expensas, y muchas administraciones se vieron obligadas a aclarar que se trata de incrementos que corresponden exclusivamente al movimiento tarifario para evitar el descontento de un segmento social que no está en su momento de mayor tolerancia precisamente.
Recientemente, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, anunció el otorgamiento de créditos para pagar los servicios en tres cuotas. “Suena increíble”, admitió el mandatario provincial en el acto donde lo informó. Lo mismo ocurrió en Tierra del Fuego y Misiones.
Mientras en ciertos sectores de la sociedad la situación es vista como saludable por constituir un sinceramiento en los costos del servicio, tantos los usuarios residenciales como no residenciales lo atraviesan como un sismo en que paralelamente los salarios se mantienen por el suelo, y la actividad económica se retrae a niveles recesivos.
Entre las próximas acciones del Gobierno, se encuentra la definición de la Canasta Básica Energética (CBE), que se aplicaría desde el mes de mayo en todo el país, y operará poniendo topes a los consumos “razonables” subsidiados, en el caso de que representen más del 10% de los ingresos familiares.
Según estimaciones de Walter Martello, Defensor Adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, los pequeños comercios pagarán entre $ 120.000 y 469.000 por mes, conforme a sus consumos.
Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) calcularon que un hogar de altos ingresos, que consume más de 600 kilovatios-hora (kWh) mensuales, tenía una boleta hasta el mes pasado menor a los $ 30.000. Ahora se incrementará por encima de los $120.000.
Además, se precisó que a partir de mayo volverán a retirar subsidios de los hogares de ingresos medios y bajos, y se actualizará para los hogares de patrimonios altos. De esta manera, de cara al invierno, las tarifas podrían duplicarse, según estimaciones de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa).
