El presunto caso de corrupción implicaría a la ex funcionaria de Cambiemos en una serie de pagos de montos millonarios por la realización de obras que “no tuvieron avances”. En la presentación se la hace responsable de los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia penal fue realizada por Graciana Peñafort, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en los tribunales federales de Comodoro Py. Luego del sorteo protocolar, la causa quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal a cargo Marcelo Martínez de Giorgi.

Según explicó la abogada en diálogo con El Destape Radio, cuando se realizó el cambio de gestión, la actual presidenta del senado Cristina Fernández de Kirchner encontró “una situación terrible que compromete las instalaciones del Senado”.

Peñafort profundizó en la acusación explicando que “se emitieron certificados de obra por trabajos que no están hechos” y aseguró que “Sólo una de las obras tiene un avance del 3%”. Además, señaló que el escandaloso pago de más de $180 millones a la empresa en cuestión se dio en el marco de una licitación cuestionada.

Desde la presidencia de la cámara alta aseguran que la compañía “no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación”, y que nunca se pidió la habilitación de la obra. Además, se destacó que se pagaron anticipos millonarios a través de documentación irregular.

En la presentación también se mencionó la posibilidad de que haya existido un fraude de sobreprecios, señalando que los costos “determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente".

Las obras en cuestión se dirigían a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Senador Alfredo L. Palacios ubicado a metros del Palacio Legislativo, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1710.