El fallecimiento de cuatro adolescentes que encontraron la muerte luego de haber sido perseguidos por la policía y estrellarse contra un camión, sigue generando gran conmoción. Ahora, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresaron su preocupación por lo ocurrido y reflexionaron sobre los problemas que conlleva “adular a la policía”.

“Se trata de un gravísimo caso de violencia policial que -tal como venimos sosteniendo- no es aislado, sino que se inscribe en prácticas y rutinas que asumen la violencia y la desprofesionalización como criterio rector. Es, sin dudas, una nueva masacre en la que la intervención estatal causa la muerte de jóvenes a los que les debe particular protección. No se trata de un hecho lamentable, sino del emergente de la promoción estatal de la violencia policial”, expresaron en un comunicado desde la CPM.

En la misma línea, Roberto Cipriano, secretario en la prestigiosa entidad provincial de Derechos Humanos, consideró que se trató de un caso de “violencia policial” y señaló que “es una consecuencia de la doctrina Chocobar, de adular al policía que mata por la espalda a una persona que está huyendo”.

“Este hecho ocurre porque la política nacional y provincial legitima esta actuación policial violenta, alimenta la ‘doctrina Luis Chocobar’ y habilita a la policía al uso letal de la fuerza como en este caso”, señaló Cipriano en declaraciones a los medios.

El representante de la CPM subrayó que la causa “es un hecho gravísimo y por eso exigimos al gobierno provincial no solo la investigación eficaz, sino que también se sancione a los responsables”.

“Lamentablemente las consecuencias se tienen en vidas de personas, en este caso, de 13 y 14 años que estaban paseando y fueron víctimas de una locura policial porque el hecho no tiene ninguna justificación”, reflexionó el hombre.

“Se trata de un caso de violencia policial donde se da cuenta de los efectos de una política de seguridad que no solamente provoca este tipo de situaciones, sino que da cuenta también de la desprofesionalización sobre cómo intervienen esos policías en ese hecho”, concluyó.

Vale aclarar que la CPM presentó un requerimiento a la fiscalía interviniente para que aplique la resolución 1390 de la Procuración General y los criterios rectores de la ley 14687 que exigen el apartamiento de la policía en la investigación y la obligación de disponer medidas urgentes por parte de la fiscalía.