El gobierno nacional retrocedió sobre sus pasos y no se cobrará el aumento extra a los usuarios en las tarifas de gas a partir del 1 de enero, tal como había anunciado el secretario de Energía, Javier Iguacel, el viernes 5 de octubre, a través del Boletín Oficial. La Resolución 20/18 establecía el pago de un adicional de los usuarios a las empresas prestadoras debido a la devaluación del peso a partir del 1 de enero de 2019 y en 24 cuotas. Esto no significa que las empresas no percibirán la compensación prometida por el gobierno tras la devaluación. No la pagarán directamente los usuarios pero se financiará con los recursos estatales, es decir, de la población.

La medida fue inmediatamente repudiada por gran parte de la sociedad, intendentes, gobernadores y toda la oposición política. Tanto en las legislaturas provincial y nacional ya se había presentado proyectos de rechazo y se preveía una sesión especial en la Cámara Baja de la Nación para el 18 de octubre. Tras todos los rechazos, Iguacel tildó de militantes "K" a quienes se quejaban por los aumentos. Mientras que lo que aumentó fue el descontento social.

Las denuncias también llegaron a la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el secretario de Energía por la posible comisión de los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". El planteo del fiscal se basó en el artículo 248 del Código Penal que establece que se penalizará al funcionario público que “dictare resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. “El efecto jurídico del pago es una ley porque está establecido en el Código Civil”, detalló el fiscal, por lo que la Resolución de Iguacel iría contra derecho.

Finalmente, en los últimos dos días, el malestar llegó a las propias filas de la Alianza Cambiemos. En los concejos deliberantes de La Costa, Bahía Blanca, Rivadavia y Junín se presentaron proyectos de repudio a la medida que surgieron del seno de la coalición oficialista. Esto produjo tironeos entre los concejales radicales, que rechazaban el aumento, y del PRO puros.

El gobierno decidió dar marcha atrás y subsidiar con recursos del Estado a las empresas en 30 cuotas. El gobierno estaba convencido de que la decisión era la correcta. Ayer en Morón y hoy en Olavarría, Macri respaldó la política tarifaria del gobierno, antes de dar marcha atrás.