Viernes 23 de agosto de 2019
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PROVINCIALES | 2.18.2018

La Defensoría del Pueblo respalda el proyecto de ley para combatir el ciberacoso

El proyecto será presentado por el presidente del bloque de cambiemos Roberto Costa. La nueva legislación buscará garantizar la seguridad del ciberespacio a través de un observatorio de políticas digitales.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires apoyaron el proyecto de Ley presentado por el presidente del Bloque de Cambiemos, Roberto Costa, de crear un observatorio de Políticas Digitales.

La iniciativa intentará asesorar y contribuir al desarrollo de una legislación que garantice la seguridad del ciberespacio y que proteja los datos personales de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

El Defensor del Pueblo, Walter Martello, manifestó en el Salón Eva Perón del Senado, durante la jornada denominada “Niños y Adolescencia en el ciberespacio: riesgos y prevención”, que “tenemos que adaptar el marco normativo existente a los nuevos tiempos”.

“Las nuevas leyes tienen que contemplar una protección especial que resguarde los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y más en un contexto donde vemos que las redes sociales están dejando cada vez más expuestos a miles y miles de NNyA, favoreciendo a su vez la proliferación de algunas modalidades delictivas detrás de las cuales pueden esconderse manipuladores, pederestas y psicópatas”, agregó

En la jornada se explicaron las características de algunos de los riesgos más importantes del ciberespacio y se difundieron indicadores que encienden alarmas. A través de una encuesta de UNICEF se determinó que El 37% señaló que accedió a contenidos pornográficos, el 20% ha sido víctima de bullying, el 13% ha visto contenidos discriminatorios y 5% vio fotos de chicos/as enfermos o muertos.

Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo bonaerense, puso como ejemplo la importancia de iniciativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RPGD), normativa que entró en vigencia en 2016 y que partir de mayo de este año es de cumplimiento obligatorio en los países que forman parte de la Unión Europea.