La lista de aportantes, presentada ante la Justicia electoral, de la campaña de Cambiemos en 2015 contiene a 31 aportantes platenses que en total habrían aportado 791 mil pesos que, según consta en los documentos, estarían destinados a la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

El total de los aportantes platenses de Cambiemos figuran haber realizado contribuciones en efectivo, no bancarizadas, y este portal descubrió y confirmó que tres supuestos aportantes no pusieron nada de dinero y que dos de ellos dijeron haber aportado sumas que no coinciden con los importes presentados ante los organismos competentes.

La investigación de Política&Medios se publicó el martes 10 de julio, tras consultar con cinco supuestos aportantes. Durante los días siguientes, tras otras averiguaciones, ex candidatos que entraron de "relleno" a las listas confirmaron que sí pusieron dinero "para la campaña de Julio Garro". El problema es que se confundieron al decir que fueron aportantes de la campaña del actual jefe comunal, cuando en realidad figuran en la lista de contribuyentes de la campaña presidencial de Mauricio Macri.

Además, ninguno pudo mostrar ningún tipo de comprobante. La ley N° 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, exige en el artículo 44 bis, sobre financimiento privado, que las "contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes correspondientes" así sean transferencias bancarias, cheques o aportes en efectivo. Ayer la gobernadora María Eugenia Vidal propuso una nueva ley que obligue a realizar los aportes bancarizados. Esto efectivamente podría implicar una mejoría en la normativa actual pero no quita que, bajo esta legislación, las contribuciones en efectivo tengan que estar respaldadas por comprobantes, que hasta ahora nadie pudo mostrar.

Por otra parte, quienes sí respondieron a las preguntas de este portal no son funcionarios ni representantes legislativos de Cambiemos. Los únicos que enarbolaron alguna respuesta fueron personas ajenas a la política, al menos de forma institucional. Sin embargo, todos los funcionarios consultados evitaron dar respuestas.

Entre ellos, los únicos dos dirigentes radicales que figuran como aportantes a la candidatura de Mauricio Macri. Uno es el concejal Claudio Frangul, quien figura como aportante de 38 mil pesos, y el otro es Eduardo Kechichian, vocal del Consejo Escolar platense, supuesto contribuyente de 25 mil pesos. Ayer, un sector radical, crítico a la gestión comunal, emitió un comunicado manifestando su preocupación por estos sucesos de posible corrupción. Es que el radicalismo tuvo su propio candidato presidencial en las PASO de 2015, Ernesto Sanz, y generó malestar dentro de las filas del partido centenario que radicales figuren en dicha lista y guarden "silencio".

También se protegieron en no dar declaraciones funcionarios a quienes Política&Medios envió sus consultas. Entre ellos, el Secretario de Convivencia y Control Urbano, Roberto Di Grazia, supuesto aportante de 19 mil pesos. Lo llamativo de este caso es que su aporte, siendo hoy funcionario con rango de Secretario, es menor al de personas que fueron candidatas a concejales suplentes o consejeros escolares suplentes y que trabajan en relación de dependencia en el ámbito privado y no perciben dinero proveniente de la política, según pudo averiguar este portal.

Días atrás el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, desmintió haber aportado los 50 mil pesos que figuran en la lista presentada por el PRO. De todas formas, no negó haber gastado dinero durante la campaña. Sucede que los dirigentes políticos siempre aportan recursos económicos durante los meses previos a la elección pero en este caso la sospecha no es sólo sobre si aportaron o no, sino que existen pruebas suficientes de que los responsables y apoderados del PRO hayan dibujado hasta los montos de los aportes de los intendentes con el fin de darle origen a un dinero de dudosa procedencia.

Ayer, este escándalo se cobró a la primera víctima. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le pidió la renuncia a la tesorera del PRO bonaerense y Contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza. Es que la ley N° 26.215 establece como obligación de los tesoreros de los partidos políticos indicar "el origen y destino de los fondos" y los ubica como "responsables por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables".