En otro episodio de anormalidad institucional en San Isidro, el oficialismo se volvió a negar a sesionar en el Concejo Deliberante tras las remoción de las autoridades. El martes, el nuevo presidente del cuerpo, Andrés Rolón, suspendió a través de un decreto la sesión en la que se iban a tratar proyectos tales como la creación de una Oficina Anticorrupción y la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas.

El argumento del oficialismo fue que no se encontraban las condiciones para llevar adelante la sesión porque no estaban "dadas las condiciones jurídicas y administrativas mínimas indispensables que aseguren el correcto funcionamiento", cargando culpas sobre las anteriores autoridades del Concejo.

Sin embargo, desde la oposición salieron al cruce. Los concejales de Unidad Ciudadana apuntaron que se consolidó "la negativa por parte del Departamento Ejecutivo y de la Presidencia de este Cuerpo de tratar ordenanzas vinculadas a la transparencia como la adhesión al sistema de declaraciones juradas junto a la creación de la Oficina de Anticorrupción".

Tras esto, distintos bloques de la oposición presentaron una convocatoria a una sesión extraordinaria para el viernes 8 que no fue contestada ni por las autoridades del Concejo ni por los concejales de Cambiemos.

En este sentido, Manuel Abella, concejal de ConVocación por San Isidro, remarcó que “por segunda vez en tres días el sector possista del Concejo Deliberante bloqueó el funcionamiento normal de este cuerpo".

Además, hizo referencia a que en San Isidro, el 30 de mayo, comenzó "un golpe institucional" y que "esta es la primera vez desde la vuelta de la democracia que las tres autoridades (del Concejo Deliberante) son del mismo partido".