Lunes 25 de junio de 2018
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EDITORIAL | 3.18.2018

Quiero ser inquilina con derechos

Nota de opinión de Cecilia Gómez Mirada, directora de Políticas Públicas de la Defensoría y responsable del Área de Inquilinos.

Desde los 18 años soy inquilina. Alquilé con amigas, con una, con dos, hasta con 10 en una casa gigante mientras estudiaba en La Plata. Desde ese momento, cada dos años tengo el corazón en la garganta hasta que se confirma mi destino: ¿Seguimos en el barrio? ¿Nos mudamos? ¿Nos aumentan? ¿Es mucho el aumento?

Podría escribir un libro con miles de anécdotas. Conocí inmobiliarias de todo tipo. Propietarios para todos los gustos. Piolas, jodidos, tacaños, desentendidos. Una paleta infinita de relaciones. Siempre comercial. Siempre perdiendo.

Y no es ninguna originalidad decir que desde el 2016 la situación económica argentina está cada vez peor y que las medidas del gobierno impactan de lleno en el bolsillo de trabajadores (ocupados y desocupados) y jubilados. Las noticias en los medios de comunicación nos recuerdan que una familia tipo necesita 18.600 pesos para no ser pobre, siendo propietaria. Esta cuenta se complica mucho más para los que alquilamos. ¿Cuánto necesitamos para no ser pobres si el 41% del salario se va al pago del alquiler? El bolsillo de los inquilinos está sufriendo las peores estocadas de este modelo económico.

Así, la ingeniería económica familiar - esa que nos implica pensar cómo haremos para llegar a fin de mes, pagar la luz, pagar el gas, vacacionar, comer, viajar al trabajo, vestirnos, etc - nos produce el doble de estrés a los que vivimos alquilando. Los nervios se incrementan y el estómago se cierra cuándo se acerca el fin del contrato y comienzan las negociaciones que nos ponen en la fatal encrucijada: ¿Renuevo o me voy? ¿Me alcanza para renovar? Que gran encrucijada para los millones de argentinos que hace rato abandonamos el sueño de la casa propia o tal vez nunca lo tuvimos porque nos queda cómodo alquilar y cambiar de hogar de acuerdo a las prioridades familiares o individuales.

No estamos hablando de un número menor, somos millones como para pasar desapercibidos. Y somos cada vez más. Cada año aumenta el número de locatarios mientras retrocede la cantidad de propietarios. Este aumento debería prender las alarmas estatales y sindicales.

El gobierno nacional, como garante de los derechos de la población, debería tomar en cuenta no sólo la necesidad urgente de que se sancione la Ley de Alquileres, sino de proteger desde distintas órbitas del Estado a los que nos vemos sometidos a un sistema especulador y concentrador como es el negocio inmobiliario. Porque no se trata de una relación comercial entre privados.

Las organizaciones sindicales deberían tener bien presente que los trabajadores destinan el 41% del salario a pagar un lugar a dónde vivir, lo que les impide el goce de otros derechos como el de las vacaciones. Y como representantes de los trabajadores, las paritarias deberían contemplar que los alquileres aumentan por encima del 30% en relación al año pasado.

Por último, los inquilinos debemos estar cada vez más organizados. Ninguna pelea individual resuelve este problema de fondo. La oferta (propietarios, martilleros, inmobiliarias) está perfectamente organizada, tiene aceitado su poder de lobby y saber cómo defender sus intereses. Los millones de inquilinos argentinos también tenemos que sumar esfuerzos para no ser el eslabón más débil de un negocio en el que transferimos millones de pesos, casi siempre en negro.

Entonces, el desafío de los millones de inquilinos argentinos será organizarnos y unir nuestro reclamo para obtener una legislación que equilibre a las partes de un negocio millonario.