En una tensa jornada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el bloque de Unión por la Patria (UP) manifestó su firme rechazo al proyecto de ley impulsado por Carolina Losada (UCR), que busca elevar sustancialmente las penas para quienes realicen denuncias falsas, especialmente en casos de violencia de género y abuso sexual.

El núcleo de la controversia

La iniciativa propone modificar el Código Penal para que las denuncias falsas dejen de ser sancionadas con multas simbólicas o penas leves, pasando a castigos de entre 3 y 6 años de prisión. Según Losada, el objetivo es evitar que se "bastardeen" las causas reales y que los recursos del Estado se malgasten en procesos fabricados.

Sin embargo, desde el peronismo argumentan que esta medida generaría un "efecto inhibitorio". La senadora María Florencia López (UP) sostuvo que muchas víctimas podrían abstenerse de denunciar por temor a terminar presas si no logran reunir pruebas suficientes frente a la justicia. "Es un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres", señalaron desde el bloque.

Penas para profesionales y testigos

El proyecto no solo apunta a los denunciantes, sino que endurece las sanciones para el entorno técnico:

• Abogados y psicólogos: Podrían enfrentar hasta 9 años de prisión si se demuestra que colaboraron en la fabricación de testimonios o pruebas falsas.
• Falso testimonio: Se establecen agravantes para peritos y testigos que mientan en procesos que involucren a menores o delitos contra la integridad sexual.

El camino al recinto

Pese a la resistencia de UP, el proyecto logró el dictamen favorable gracias al respaldo de los senadores de La Libertad Avanza (LLA) y del oficialismo, quienes consideran que la ley actual es insuficiente para frenar las denuncias por despecho o estrategias de divorcio.

Con el dictamen de mayoría firmado, la iniciativa quedó habilitada para ser tratada en el recinto en las próximas sesiones, donde se espera un debate marcado por la polarización entre el garantismo de género y la defensa del debido proceso.

En los pasillos donde se cruzan los negocios y la política, un nombre empezó a sonar con una frecuencia inusual para una elección que todavía parece lejana. Jorge Brito, actual presidente de River Plate y del Banco Macro, es señalado por un sector del establishment y dirigentes políticos como una opción de "centro" para las presidenciales de 2027.

El interés por su figura no es casual. Quienes lo impulsan destacan su gestión en el club de Núñez —especialmente la modernización del estadio y la solidez financiera— como una carta de presentación de "eficiencia" exportable a la gestión pública. A esto se suma su perfil de dialoguista, manteniendo vínculos tanto con el exministro Sergio Massa y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, como un trato reconstruido con Mauricio Macri.

A pesar de que el banquero ha desmentido públicamente cualquier intención de dar el salto a la arena electoral, asegurando que su interés es únicamente como ciudadano, el "operativo clamor" del círculo rojo persiste. Sectores del empresariado, que ven con cautela la volatilidad del esquema actual, buscan un perfil que combine previsibilidad económica con capacidad de generar consensos, evitando los extremos de la grieta.

Con el recambio de autoridades en River previsto para finales de este año, donde ya bendijo a Stefano Di Carlo como su sucesor, Brito quedará con las manos libres de la gestión deportiva, alimentando aún más las especulaciones sobre su futuro político.

El dato más relevante de la jornada fue la entrega voluntaria de su teléfono celular, dispositivo que no había sido puesto a disposición de la Justicia en su citación previa. Con este movimiento, la testigo busca respaldar sus afirmaciones sobre la legalidad de las transacciones, las cuales incluyen una hipoteca financiada por las propias vendedoras del inmueble porteño, un punto que despertó sospechas en los investigadores.

La causa, impulsada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, pone bajo la lupa un presunto incremento patrimonial del 500% en los activos del funcionario nacional. La fiscalía intenta determinar si los ingresos declarados por Adorni coinciden con la ingeniería financiera utilizada para adquirir dichas propiedades, especialmente en lo que respecta a los plazos y montos de las cuotas pactadas.

Tras su salida de Comodoro Py, Nechevenko mantuvo una postura hermética ante la prensa, limitándose a señalar que se encuentra "tranquila" con su desempeño profesional. Mientras tanto, el juzgado espera los peritajes sobre el material tecnológico entregado para definir si existen comunicaciones que aporten nuevas luces sobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones bajo investigación.

A veces quiero fuego, y me quemo

Con el prólogo de lo ocurrido en Caracas en enero pasado, con la invasión a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump apeló a su rol de "matón liberador" en su política exterior: golpear fuerte la mesa de negociación global para imponer sus términos. Estos rasgos ya se vislumbraban en el comienzo de su segunda administración, en su relación con México y Brasil, ya sea con sus amenazas de intervención o la imposición de aranceles. Sin embargo, Irán no es el escenario venezolano, y puede explicarse en tres factores: el antecedente del sentimiento anti-americano arraigado en Irán desde 1979 con el triunfo de la revolución iraní y su posterior instauración de la República Islámica; la solidez de un sistema político que pese a su descabezamiento descansa en un denso entramado burocrático; y un factor cultural cohesionado. Es así que lo ocurrido el pasado 28-F con el ataque a Teherán y asesinato del Líder Supremo Alí Jamenei, no solo supuso una trampa para Trump en su espejismo venezolano, sino que además brindó a Irán la posibilidad de demostrar el afianzamiento de su régimen y la persistencia de su proyecto de potencia regional. A través de la liberación de una minuciosa estrategia elaborada por Teherán durante décadas, para un conflicto que se entendía inevitable al menos desde el fin de la guerra entre Irán-Irak en 1979.

Asimismo, el golpe de puño cerrado de Trump sobre la mesa global también plantea otra trampa: el retorno a la "edad dorada" de Estados Unidos debe ser entendido en un contexto de interdependencia, a pesar de la contracción globalizadora. Por lo cual, sus efectos pueden ser contraproducentes, y para nada realistas. En este sentido, cada actor internacional denota vulnerabilidades y sensibilidades frente a sucesos internacionales de semejante calibre, que pueden hacer uso de sus factores de poder en su beneficio, fundamentalmente si se tiene en cuenta la asimetría de los actores involucrados (Estados Unidos - Israel - Irán). Pero en este escenario, Trump juega a manejar sus avances y retrocesos como forma de administración del pulso del caos auto-generado.

¿Otra ronda de TACOs?

Hace un año atrás, en su 'Día de la Liberación', en la que impuso una serie de aranceles a distintos países del mundo (desde Argentina hasta China, menos Rusia), los mercados del mundo se hundieron en un 'lunes negro'. Días más tarde dió marcha atrás, en una maniobra descripta por el columnista del Financial Times Robert Armstrong como 'TACO: Trump Always Chickens out' (Trump siempre se echa atrás). Éste sostenía que existían inversionistas financieros que ganaban dinero en el marco de la incertidumbre bursátil impuesta por el mandatario norteamericano.

Lejos de acusar a Trump de 'tibio', su estrategia de 'puño, retroceso y negociación' denota el intento de marcar los términos de la discusión del poder global, en una clara intención de poner en valor el rol de autoridad de Washington. No obstante, la ambición de retornar a la 'edad dorada' colisiona con un mundo cuyo eje se encuentra trasladándose hacia el Este, y en dónde la fragmentación de la autoridad global da a lugar a múltiples actores medios (y no tanto) que logran imponer sus condiciones. Al fin y al cabo, también da muestras del colapso del sistema vigente sostenido en el derecho internacional y organismos multilaterales, como la ONU tal como lo conocíamos. 

El pasado lunes 6 de abril, al anunciar que en la noche del martes 'una civilización entera morirá', Trump una vez más marcó el pulso de la incertidumbre global. Su objetivo: que Irán ponga fin al cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales del mundo controlada por éste, y cerrada desde la escalada bélica ocasionada por la muerte del Ayatolá Jamenei, en un intento de frenar el aumento del valor del barril de petróleo. Al final del 7-A, el mandatario norteamericano anuncia un alto al fuego por quince días, con la condición de la apertura del estrecho y continuando con las negociaciones con Teherán teniendo como mediador a Pakistán. ¿Acaso Trump brindó una ronda más de TACOs? El asunto allí es analizar los términos en los que continúa la negociación. Sobre todo, si se tiene en cuenta que frente a Washington se encuentra un actor que utiliza el tiempo como arma: Irán

Irán, el administrador del tiempo y la interdependencia

En los comienzos del conflicto bélico, Trump anunció que el conflicto duraría "solo cuatro o cinco semanas". En contrapartida, la estrategia de Teherán se basó en el desgaste y la expansión del conflicto en la región con el fin de presionar sobre Washington y dar fin a la guerra. Esta estrategia se regionalizó con el ataque constante de drones a bases y nodos neurálgicos de la infraestructura militar y digital en Medio Oriente, y se globalizó al bloquear el estrecho de Ormuz, con el objetivo de afectar el comercio mundial. No solo encareciendo el valor del barril de petróleo (que llegó a superar los 100 dólares), sino también influyendo en otros sectores. Cómo por ejemplo en las cadenas de valor de los chips a partir de la afectación del comercio de helio, que tiene a Qatar como principal exportador, y que incide en una comercialización en crisis desde 2020.

Partiendo desde su posición asimétrica en relación a Estados Unidos e Israel en términos militares, Irán utilizó la interdependencia a su favor haciendo un uso dos armas: el control de las rutas comerciales y el tiempo. El aumento del valor del petróleo afecta el plan de Trump de energía barata para fortalecer la industria estadounidense en su carrera frente a China. Al mismo tiempo que incide en el pulso de los asuntos internos norteamericanos: la fractura del movimiento MAGA y la paciencia de los electores estadounidenses frente al salto del precio de la gasolina en el año de elecciones intermedias es crucial para Trump. Un hecho similar a lo ocurrido durante la crisis de los rehenes de la embajada de EEUU en Irán entre 1979-1981 y la posterior elección de Reagan.

En medio de las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán, se entiende que la próxima ronda de negociaciones en Islamabad, Pakistán; se daría en base al plan iraní de diez puntos de negociación. Entre estos puntos se encuentran: el control del Estrecho de Ormuz (consolidando una posición estratégica a nivel global), el levantamiento de sanciones económicas, la continuidad de su programa nuclear para uso civil bajo tutela de la Organización Internacional de Energía Atómica, una compensación económica para la reconstrucción de infraestructura afectada por los ataques e insertar a la mesa de discusión a Palestina y el Líbano, quien sufre ataques de Israel en su frontera sur. Si bien ni Trump reconoce el punto de la continuidad del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, ni Israel reconoce el punto de Palestina y el Líbano en la mesa de negociación intermediada por Pakistán. Este escenario supondría una limitación del poder estadounidense a partir de la estrategia de cuello de botella y desgaste iraní descrita anteriormente, en favor de Teherán.

Sin embargo, también resulta pertinente hacer mención que la declaración de alto al fuego seguido por una ronda de negociación en Islamabad, lejos de suponer una victoria iraní vislumbra el riesgo latente a la continuidad de la degradación de la estabilidad política económica global producto del shock energético generado por la guerra. Con un Irán que desde su posición asimétrica de potencia intermedia logra mostrar músculo, manteniendo la supervivencia de la República Islámica en medio del conflicto y a pesar de sus fracturas internas. Y con un Estados Unidos que encuentra sus límites en la prolongación de sus injerencias, aun siendo hoy una de las dos potencias globales junto a China. Corriendo el riesgo de que lejos de acercarse a la era dorada de Reagan y de su Makes America Great Again - y a pesar de sus TACOs - Trump se termine mirando en el espejo de su antecesor Jimmy Carter el próximo noviembre en las elecciones intermedias. Ambas víctimas del arma predilecta iraní: el tiempo.

Los puntos clave del conflicto:

• Recorte masivo: La lista de despidos, que ya habría sido entregada por la dirección del organismo al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, afecta a 130 trabajadores de estaciones meteorológicas de todo el país y a 110 de la sede central en Buenos Aires.
• Reducción crítica de la planta: De concretarse estas bajas, el personal civil quedaría reducido a unos 540 empleados, una cifra muy lejana a los 1,200 trabajadores considerados necesarios para un funcionamiento óptimo bajo estándares internacionales.
• Riesgo para la seguridad: Expertos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advierten que el ajuste no es solo administrativo, sino que compromete la emisión de alertas tempranas por tormentas y olas de calor, así como la seguridad aérea y la navegación marítima.
• Impacto en sectores productivos: La falta de datos meteorológicos precisos afecta directamente al sector agropecuario, que depende de esta información para planificar siembras y cosechas.

Un organismo en "zona de alerta"

Desde el sindicato ATE, señalaron que el desmantelamiento del SMN implica perder precisión y capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos severos, lo que representa un "riesgo para la soberanía y la seguridad nacional". La medida de fuerza continuará en todas las sedes del país hasta obtener respuestas sobre la continuidad de los puestos de trabajo.

El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha quedado bajo un intenso escrutinio judicial y mediático tras revelarse una serie de operaciones inmobiliarias con un patrón común: la financiación de casi la totalidad del valor mediante préstamos de particulares ajenos al sistema bancario. El caso más reciente involucra un departamento de 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, adquirido en noviembre de 2025.

Los detalles de la "operación Caballito"

Según los registros de la Propiedad Inmueble, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, compraron la vivienda por 230.000 dólares. Lo llamativo es que solo desembolsaron 30.000 dólares en efectivo; el 87% restante fue cubierto por una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares otorgada por las propias vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años)

La polémica estalló cuando periodistas de La Nación consultaron a las supuestas acreedoras:

• Beatriz Viegas negó rotundamente conocer a Adorni o haberle prestado dinero a través de una hipoteca.
• El entorno de Claudia Sbabo también manifestó desconocer cualquier vínculo o trato comercial con el funcionario.

Un patrón que se repite: la conexión con la Policía Federal

Esta no es la única operación bajo sospecha. Se reveló que el mismo día que su esposa adquirió una casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) en 2024, Adorni hipotecó otro departamento en Parque Chacabuco por 100.000 dólares.

En este caso, las prestamistas fueron Graciela Isabel Molina de Cancio, una comisaria retirada de la Policía Federal que aportó 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien entregó los 15.000 restantes. En ambas transacciones intervino la misma escribana, Adriana Mónica Nechevenko, quien ha sido citada a declarar por la Justicia.

Avance judicial

La causa, impulsada por una denuncia del diputado Esteban Paulón, recayó en el juzgado de Ariel Lijo y es instruida por el fiscal Gerardo Pollicita. Los investigadores analizan tres puntos clave: 

• Valor de mercado: El precio pagado por el departamento de Caballito (aprox. USD 1.155 por m²) es casi la mitad del promedio en la zona.
• Origen de fondos: La capacidad de ahorro del funcionario para afrontar cuotas de créditos privados con su salario estatal.
• Intermediación: Sospechas sobre si las mujeres actuaron como "prestanombres" para ocultar al verdadero inversor.

Mientras el jefe de Gabinete mantiene el hermetismo, el fiscal Pollicita ha solicitado toda la documentación de las escrituras para determinar si hubo omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas.

Ya se encuentra online La Plata Reporta (laplatareporta.com) una plataforma digital para que los y las platenses puedan registrar y visualizar en tiempo real fallas en servicios públicos mediante reportes geolocalizados.

El funcionamiento es simple: los usuarios se registran, seleccionan una ubicación en el mapa y completan un formulario breve. Una vez publicado, el reporte pasa a formar parte de un sistema de visualización pública que se actualiza en tiempo real. 

La nueva herramienta fue desarrollada por Julia Matheos, concejal mandato cumplido de la ciudad, y Francisco Leonardelli, emprendedor tecnológico. La misma busca relevar, organizar y visibilizar información sobre problemas urbanos a partir de la participación directa de los vecinos.

Sobre La Plata Reporta, Julia Matheos contó que “como platenses que somos advertimos que hoy los canales oficiales no están dando respuesta ni visibilidad a los problemas cotidianos de los vecinos”. 

Cada 15 días, esa información será presentada ante autoridades municipales con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover su resolución.

La herramienta contempla distintas categorías de problemas urbanos, incluyendo inseguridad, residuos, alumbrado público y estado de calles, lo que permite construir una imagen más completa del territorio.

“Son reclamos que se repiten y que quedan muchas veces sin seguimiento ni solución. Frente a esa falta de respuesta por parte del gobierno municipal, surge esta iniciativa como una herramienta para ordenar, visibilizar y convertir esas experiencias en información pública útil”, remarcó la dirigenta.

El sitio permite cargar reportes sobre situaciones como baches, fallas en el alumbrado público, acumulación de residuos o hechos de inseguridad, ubicándolos con precisión en un mapa público accesible. Cada registro se incorpora a una base de datos abierta que permite observar la distribución territorial de los problemas en la ciudad.

La iniciativa surge en un contexto donde gran parte de los problemas urbanos no se documentan de forma sistemática ni se transforman en información pública estructurada, lo que limita la capacidad de monitoreo ciudadano sobre la gestión. "Cada 15 días, esa información será presentada ante autoridades municipales con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover su resolución.“El objetivo es transformar experiencias individuales en información pública que permita entender mejor lo que pasa en la ciudad. señalaron Matheos y Leonardelli.

La plataforma permite organizar los reportes de los vecinos para identificar problemas concretos en la ciudad. 

El arranque del segundo trimestre de 2026 confirma lo que muchos analistas temían: la consolidación de una economía de dos velocidades. No se trata de una recesión técnica tradicional, sino de una fractura estructural donde el crecimiento macroeconómico de unos pocos sectores convive con el estancamiento —o retroceso— de la economía real del ciudadano a pie.

El carril rápido: Ganadores tecnológicos y financieros

En la cima de la pirámide, un puñado de sectores parece vivir en otra realidad. Las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial aplicada, la automatización logística y las energías limpias reportan márgenes de beneficio récord. Estos "ganadores" han logrado desacoplarse de la inflación mediante una eficiencia operativa sin precedentes, dejando atrás la dependencia de las cadenas de suministro tradicionales que aún lastran al resto.

Para este grupo, el 2026 es un año de expansión. Sin embargo, este éxito tiene una "letra chica": la generación de empleo en estos sectores es altamente especializada y escasa, lo que impide que la riqueza "derrame" hacia las capas medias de la sociedad.

El carril lento: La mayoría pierde terreno

En la otra acera, la realidad es sensiblemente más cruda. El consumo masivo muestra signos de agotamiento y las pymes luchan contra costos operativos que no dejan de subir. Para la mayoría de los trabajadores, el 2026 está marcado por la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios, aunque ajustados, no logran seguirle el ritmo a una canasta básica que se ha vuelto el principal foco de estrés financiero.

La clase media, históricamente el motor del consumo, hoy se encuentra en "modo supervivencia", priorizando el ahorro preventivo y recortando gastos en servicios, ocio y bienes durables.

Más dudas que certezas

Lo que hace que este clima sea especialmente complejo es la falta de una brújula clara. Los mercados internacionales operan bajo una volatilidad constante y las políticas monetarias parecen haber agotado sus recetas tradicionales.

¿Estamos ante una nueva normalidad de desigualdad irreversible o es un bache de transición? Las respuestas son esquivas. Lo único cierto es que, mientras los indicadores macro pueden mostrar cifras decorosas en algunos despachos, la sensación térmica en la calle es de una crisis silenciosa que no da tregua.

El desafío para lo que queda del año será evitar que estas dos velocidades terminen por romper definitivamente el tejido social, en un escenario donde la incertidumbre es, paradójicamente, la única constante.

El departamento de Caballito: una operación "a contramano" del mercado

El epicentro del escándalo es un inmueble de casi 200 metros cuadrados ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito. Adorni adquirió la propiedad en noviembre de 2025 por un valor de USD 230.000. Sin embargo, la operatoria despertó sospechas inmediatas por dos razones:

1. El precio: Según expertos del sector, el valor declarado representa casi la mitad del precio real de mercado para una unidad de esas características.
2. El financiamiento: El 87% del monto (USD 200.000) fue cubierto mediante una hipoteca privada otorgada por las mismas vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años).

La trama dio un giro dramático cuando periodistas del diario La Nación contactaron a las mujeres. Viegas, al ser consultada por el portero eléctrico de su domicilio, fue tajante: “No, la verdad que no conozco a Manuel Adorni”. El hecho de que las acreedoras de un préstamo de tal magnitud aseguren no conocer al deudor rompe la lógica de cualquier transacción inmobiliaria legal, donde todas las partes deben firmar ante escribano.

Adriana Nechevenko: la escribana en el ojo de la Justicia

La profesional que certificó tanto la compra del departamento en Caballito como la de una casa en el country Indio Cuá Golf Club (a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti) es Adriana Mónica Nechevenko.

Nechevenko no es una desconocida para los tribunales de Comodoro Py. Su nombre aparece en los registros del megajuicio por el tráfico de efedrina, donde declaró haber trabajado para empresarios que luego fueron condenados por importar toneladas de la sustancia bajo fachadas de laboratorios fantasma.

Además, registros oficiales de la Casa Rosada revelaron que la escribana ingresó al menos siete veces a la sede del Ejecutivo entre 2024 y 2025. Ante estas revelaciones, el fiscal federal Gerardo Pollicita la citó a declarar como testigo para el próximo miércoles 8 de abril.

Avances de la investigación judicial

La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo (aunque delegada en la fiscalía de Pollicita), busca determinar si existe una correspondencia real entre los ingresos de Adorni y su vertiginoso crecimiento patrimonial desde que asumió la función pública.

• Medidas de prueba: La fiscalía solicitó a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y su esposa, y a la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei, el detalle de todos los haberes, viáticos y gastos de representación liquidados al funcionario.
• Otras "prestamistas": También se investiga a Silvia Pais y Norma Zuccolo, otras dos mujeres que Adorni mencionó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción como fuentes de préstamos personales.

Mientras el Gobierno intenta desactivar los rumores de renuncia mediante fotos de apoyo en la Quinta de Olivos, la Justicia avanza sobre la "ingeniería financiera" que permitió al vocero presidencial sumar propiedades de lujo en tiempo récord, en un país donde el crédito hipotecario es prácticamente inexistente para el ciudadano común.

Estamos en un momento en donde cada peso cuenta, ya sea para ahorrarlo o invertirlo. Porque a pesar de que la inflación bajó del top de las preocupaciones de los argentinos, ‘el ajuste más grande de la historia’ exige que seamos más eficientes a la hora de administrar nuestros recursos y el de nuestra familia.

Ante cualquier caso, la reacción de los argentinos es la compra de dólares y la confección de plazos fijos, que a veces parece más un hábito y no el producto de una análisis técnico y fundamental. Lo cierto, hay que decirlo, es que padecemos de un enorme analfabetismo respecto del sistema financiero en general y de las finanzas personales en particular.

En esta nota te voy a hablar de dos alternativas a los plazos fijos tradicionales para que puedas empatarle y hasta hacer rendir un poco más tus pesos y una para que protejas tus dólares de la inflación de EEUU, que es el país que los emite, y que sí, también tiene inflación.

Dónde estamos parados 

En la actualidad, las tasas que ofrecen los plazos fijos de los bancos más conocidos y la de algunas billeteras virtuales muy populares también, en el mejor de los casos rondan el 2,5% mensual, o sea, perdemos poder adquisitivo si dejamos el dinero inmovilizado contra ese casi 3% de inflación que tuvimos en los últimos 3 meses. 

Y el dólar, aunque su atesoramiento a largo plazo sea el anticuerpo que desarrollamos para protegernos de las reiteradas crisis, también se devalúa, ya que el país que los emite, EEUU, además de tener olor a imperio en decadencia, también tiene inflación: en los últimos 3 meses ha sido de casi un 1%, que aunque nos parezca irrisoria, al año es alrededor de 2.5% de pérdida de poder adquisitivo en dólares, y acá no hay nadie quiere perder. 

Cómo hacer rendir tus pesos y tus dólares

El Fondo 1822 Raíces Ahorro Pesos es uno de los tan comentados money market, solo que este pertenece al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El año pasado este fondo rindió más del 35% y los últimos 2 meses anualizados va rindiendo 29.39%, valor por encima del 26.1% de inflación proyectada para 2026 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que confecciona el Banco Central de la República Argentina.

Es una inversión conservadora con horizonte de corto plazo (1 año) y se puede suscribir con un par de clics desde la app Bip Móvil del banco. Podés rescatar tu dinero del fondo, esto es, tenerlo disponible nuevamente para usarlo, en horario bancario y se te acredita en el día. El único condicionamiento es que tenés que ser cliente del banco para poder acceder.

Con un rendimiento anual estimado del 40%, el fondo Cocos Pesos Plus de la fintech argentina Cocos Capital, que adquirió una licencia bancaria el año pasado, es ideal si tu perfil de inversor es moderado y buscás generar rendimientos en el mediano plazo (1 a 3 años). Lo suscribís con un par de clics desde la app móvil de Cocos y el rescate de los fondos demora 24hs, algo común en este tipo de fondos.

Dólar Corto Plazo es un fondo de inversión en dólares del broker Balanz, que hace más de 20 años que opera en el mercado argentino. Busca el crecimiento del capital a través de la inversión en activos de renta fija de Argentina y del exterior. Es ideal para personas de perfil conservador con un horizonte de inversión de corto plazo.

En los primeros tres meses de este año va rindiendo un 1.88%, una tasa que anualizada rondaría los 7.5%, casi tres veces por encima de la inflación anual proyectada de Estados Unidos. Este fondo se puede suscribir desde la app de Balanz pero es más cómoda la interfaz de la versión web. El monto mínimo de inversión es de 100 dólares y podés volver a tener tu dinero en cuenta 24hs después de solicitarlo.

Hubiéramos hecho una buena inversión acumulando nafta en bidones los últimos dos meses, hay que ser sincero, y tampoco hay que subestimar las compras grandes proyectadas de artículos de primera necesidad (un paquete de fideos vale hoy casi un 10% menos de lo que valdría dentro de 3 meses), porque el incremento de los precios también se puede ver en las góndolas.

Pero aquí nos ocupamos de instrumentos financieros que puede utilizar cualquier persona sin necesidad de ser un experto en finanzas, en un escenario muy cambiante y hasta por momentos caótico, para poder vivir, aunque no sin esfuerzo, un poco mejor.

Aclaración: el contenido aquí expuesto no es una recomendación de inversión. Cada persona debe hacer su propio análisis técnico y fundamental. Sugerimos hacer el test del inversor y asesorarse con profesionales. 

Representantes de las principales cadenas de supermercados nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) —entre ellas Carrefour, Coto, Cencosud y La Anónima— se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer la crítica situación del sector. Sin embargo, el encuentro concluyó sin medidas de alivio para el consumo masivo, que registró una caída interanual del 5,9% en las grandes superficies durante el primer bimestre del año.

Los puntos clave del desencuentro:

• Sin planes de reactivación: Los empresarios buscaban señales para frenar la caída del poder adquisitivo, pero se retiraron con la sensación de haber recibido "solo palmadas en la espalda". El Gobierno mantiene su postura de no intervenir directamente en la demanda.
• Foco en las tasas municipales: Caputo desvió el eje de la discusión hacia la presión fiscal subnacional. Denunció tasas "descabelladas" en municipios como Lanús (6,36%) y Pilar (4,5%), acusándolas de encarecer los precios finales sin contraprestación de servicios.
• Contexto inflacionario: El reclamo se da en un marco donde consultoras privadas ya estiman una inflación de marzo en torno al 3%, impulsada por la suba de combustibles y costos logísticos.
• Conflicto salarial: En paralelo, el ministro ha dado instrucciones para no homologar aumentos salariales que superen la pauta de desinflación oficial, sumando más presión a la paritaria mercantil.

A pesar del diagnóstico optimista de la Casa Rosada basado en el superávit fiscal, el sector minorista advierte que la pérdida de rentabilidad y la migración de ventas hacia la informalidad son hoy el núcleo de una crisis que no parece encontrar piso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder casi 5.000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra.

Los legisladores presentaron las preguntas que Adorni tiene que contestar en el informe escrito que debe enviar a la Cámara de Diputados antes del 29 de Abril, previo que concurra en esa fecha a exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.

Pero ahora su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias.

Oposición

El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, informó que le envió a Adorni más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial y señaló que «el Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra»

«A Adorni se le está poniendo cara de Espert”, señaló el legislador, en alusión al ex diputado que debió renunciar a ser candidato cuando surgieron las denuncias de su vinculo con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

Por su parte, la diputada de izquierda, Myriam Bregman, le preguntó a Adorni si “teniendo en cuenta la trascendencia de diferentes noticias periodísticas que indican la existencia de bienes pertenecientes a usted y su familia que no están incluidos en sus declaraciones, indique la cantidad de propiedades de las cuales usted y su esposa, Bettina Julieta Angeltti, son propietarios. Detalle: fecha en que fue adquirida, valor y cómo obtuvo los fondos para su adquisición”

Bregman también le pidió precisiones sobre el traslado del presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios al evento denominado “Argentina Week” que se realizó entre 9 y 12 de marzo de 2026 en dicha ciudad y que informe el costo de cada una de las actividades de toda la comitiva y el costo total del viaje, incluyendo el avión presidencial, hoteles, traslados, personal de seguridad, cenas y almuerzos,

Denuncia

Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron hoy la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.

En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición una año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La Justicia falló a favor de las universidades públicas en su reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, en medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto.

De acuerdo al fallo que se conoció este martes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le exigió que implemente de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Gobierno de Javier Milei relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, indicaron, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Tras analizar las pruebas ofrecidas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.

Por su parte, “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”, aseguraron los jueces.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de impugnación presentado por el sector interno de la UCR bonaerense que lidera el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, y ratificó que las elecciones se realizarán el próximo 7 de junio.

Así lo resolvió el magistrado de La Plata tras escuchar en audiencia la semana pasada a representantes del sector que lidera el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución – espacio que responde a Martín Lousteau- quienes están enfrentados con el sector que comanda Fernández.

El ex intendente de Trenque Lauquen pedía respetar la fecha de septiembre acordada a fines de 2025, mientras que el sector opositor había conseguido la mayoría en una reunión de principios de marzo para adelantar la elección. De esta manera, el domingo 7 de junio se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia.

“El cronograma establecido que culmina con fecha de elecciones el 7 de junio próximo, cumple con la antelación requerida en el art. 28° de la carta orgánica partidaria por lo que ninguna afectación de derechos, ventaja, ni perjuicio se advierte para ningún sector, toda vez que no se han acortado los plazos establecidos que se han aplicado en todos los procesos electorales, dejando a todos los interesados en postular candidatos en igualdad de condiciones", señala el fallo judicial.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio, al que acompañan dirigentes como Daniel Salvador y Gustavo Posse, considera que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

El precio de los combustibles volvió a acelerar y se consolidó como uno de los rubros más dinámicos -y sensibles- de la economía. A fines de marzo, el litro de nafta súper superó los 1.900 pesos, en un esquema donde los valores se actualizan con alta frecuencia y reflejan de manera casi automática las variaciones internacionales del petróleo.

Desde la asunción de Javier Milei, el sector opera bajo un esquema más desregulado, con menor intervención estatal y una lógica de ajustes continuos que en el propio mercado definen como “micropricing”. El resultado: precios que se mueven más rápido que el resto de la economía.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) dimensiona el fenómeno. “Desde que asumió el gobierno, la nafta aumentó un 514 por ciento, 56,9 por ciento en términos reales”, señala.

La cifra contrasta con otros indicadores clave: en el mismo período, la inflación acumuló 291,9% y los salarios privados registrados subieron 288%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo frente al costo del combustible.

La tendencia no se detuvo en los últimos meses. “La nafta subió 18,7 por ciento este año, el doble de la inflación”, agrega el relevamiento. En paralelo, los salarios avanzaron apenas 6,7%, ampliando la distancia entre ingresos y costos energéticos.

El frente externo también juega su parte. La escalada de tensiones en Medio Oriente -con eje en el conflicto entre Estados Unidos e Irán- empujó el precio del crudo y generó un efecto dominó en los mercados. A nivel local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de contención amplifica el traslado a surtidores.

Desde el IAG advierten que “el gobierno no tiene estrategia para los precios internos de la nafta”, y comparan el esquema vigente con modelos de menor regulación directa, como el que impulsó Donald Trump en Estados Unidos.

Pero el impacto no se limita al surtidor. El combustible es un insumo transversal que incide en toda la estructura de costos: transporte, logística, alimentos y producción. Cada aumento se derrama -con distintos tiempos- sobre el resto de los precios.

En ese contexto, los ingresos corren desde atrás. Según el informe, los salarios privados muestran una caída real del 3,5%, mientras que en el sector público el retroceso es mucho más profundo: 37,2% respecto del promedio previo al cambio de gestión. A la par, los gastos fijos -que incluyen tarifas y transporte- duplicaron su peso en el salario mediano, pasando del 4,8% al 10,8%.

En trabajadores registrados, ese margen cayó del 80,1% al 76% del salario. La contracara es el aumento del endeudamiento: el 47% de los hogares recurre a distintas estrategias para sostener el consumo y un 13,9% ya tiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6% de las familias a comienzos de 2026, el nivel más alto en dos décadas.

A esto se suma el componente impositivo. El gravamen sobre los combustibles incrementó su participación en el precio final en los últimos años. Según el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, “el impuesto a los Combustibles pasó del 10 por ciento del precio final en 2022 al 22 por ciento en marzo de 2026”. Y precisó: “En un litro de 2.000 pesos, son alrededor de 400 pesos”.

El funcionario también cuestionó el destino de esos recursos: “Están cobrando un impuesto que debería destinarse a mantener y ampliar las rutas, pero no hicieron 1 kilómetro nuevo ni arreglan lo que ya existe”.

En términos más amplios, Katopodis vinculó el encarecimiento de la nafta con el deterioro del poder adquisitivo: “El golpe para quienes trabajan y producen se aceleró: desde que asumieron, la nafta aumentó más del doble que los salarios y la brecha se disparó desde diciembre. En los últimos tres meses, subió tres veces más que los sueldos”.

El esquema actual combina desregulación, alta carga impositiva y fuerte exposición a las tensiones internacionales. En ese triángulo, el precio del petróleo marca el pulso, pero la discusión de fondo vuelve siempre al mismo punto: el rol del Estado en la regulación de un insumo clave para la economía.

El patrimonio de Manuel Adorni vuelve a quedar bajo la lupa en los tribunales federales. Esta vez, el foco está puesto en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación que por su estructura financiera y su timing político ya genera ruido en Comodoro Py.

Según registros inmobiliarios, la adquisición se concretó en noviembre pasado por un total de 230 mil dólares. El dato que encendió las alertas no es sólo el monto ni las dimensiones del inmueble -casi 200 metros cuadrados con cochera- sino la forma en que fue financiado.

El esquema incluyó una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, suscripta junto a su esposa, Bettina Angeletti, con dos personas físicas. Es decir, el grueso de la operación no pasó por el sistema financiero tradicional, sino por un acuerdo entre privados que ahora despierta interrogantes sobre su trazabilidad.

A esto se suma otro elemento que complejiza el cuadro: quienes otorgaron ese financiamiento habían comprado la misma unidad apenas unos meses antes, en abril de 2025. Esa cercanía temporal entre operaciones alimenta las sospechas sobre una posible triangulación.

El contexto político tampoco pasa desapercibido. La compra se cerró apenas dos semanas después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete, un dato que en la Justicia es leído como un posible indicio a indagar en el marco de la evolución de su patrimonio.

El episodio no aparece aislado. La adquisición en Caballito se suma a otros movimientos recientes, como la compra de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Ese conjunto de operaciones es el que sostiene una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el entorno del funcionario rechazan cualquier irregularidad y aseguran que los bienes son el resultado de “25 años de actividad en el sector privado”. En paralelo, en la Casa Rosada buscan transmitir tranquilidad. “Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, afirmaron fuentes oficiales.

Sin embargo, lejos de disiparse, las dudas crecen en los despachos judiciales. Entre hipotecas atípicas, operaciones encadenadas y compras que coinciden con su salto al poder, el expediente sigue engordando. En Comodoro Py, la lupa está puesta sobre cada dólar y cada metro cuadrado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio tras el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos vinculado a la estatización de YPF. En una exposición cargada de datos técnicos y definiciones políticas, el mandatario calificó la resolución como “sorpresiva” —reconociendo que no se esperaba ni en la Casa Rosada ni en La Plata— y le envió un mensaje directo a Javier Milei: le pidió "prudencia" y le recriminó su alineamiento con los intereses extranjeros.

“Observar al Presidente de la Nación darle la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”, sentenció Kicillof. Para el gobernador, el litigio aún no ha terminado y la postura del Ejecutivo nacional podría debilitar la posición de defensa del país: “Siempre hay quienes están del lado de los buitres, y eso es un peligro”.

El costo de la desinversión: "Nos quedábamos sin gas ni petróleo"

Kicillof realizó una "radiografía" del estado de la petrolera bajo la gestión de Repsol antes de 2012. Recordó que, en aquel entonces, la empresa privatizada le costaba a la Argentina 12.000 millones de dólares anuales en pérdida de divisas, lo que generaba un descalabro macroeconómico.

“Se le obsequió YPF a Repsol y ellos la usaron para expandir su producción en otros países, abandonando la exploración en Argentina”, explicó. Según los datos presentados por el gobernador:

• En 2012, la producción de petróleo caía un 42%.

• Tras la recuperación, la producción subió un 16% y la inversión estatal aumentó un 96%.

• El ritmo de inversión en el primer año de gestión estatal se multiplicó por diez respecto al de Repsol.

“Si sosteníamos la YPF privatizada, la Argentina se quedaba sin gas ni petróleo. Tenían ganancias inmensas y no las invertían en el país”, subrayó el mandatario, destacando que la soberanía energética fue la llave para poner en marcha Vaca Muerta.

El debate legal: ¿Estatuto o Constitución?

El gobernador explicó que la expropiación del 51% de las acciones se realizó siguiendo estrictamente la Constitución Nacional y las leyes argentinas. Sin embargo, el conflicto surge porque el fondo Burford —que compró el derecho a litigar tras la quiebra del grupo Eskenazi— pretende que se aplique el Estatuto de la empresa (un contrato entre privados) por encima de la Ley de Expropiación.

“La discusión de si corresponde aplicar una u otra es un tema de derecho argentino. Las expropiaciones se realizan para recuperar algo de interés público y el Estado paga la indemnización. Eso ocurrió”, remarcó Kicillof, quien también criticó la estrategia judicial del gobierno de Mauricio Macri por haber intentado dirimir el conflicto en España sin éxito.

Una advertencia sobre el presente

En un contexto de fuerte ajuste, Kicillof vinculó la soberanía de YPF con el precio de los combustibles que pagan hoy los ciudadanos. “Hoy el litro de nafta está a dos mil mangos. YPF tiene que ser nacional porque es un instrumento poderoso para que eso no se descargue en los bolsillos golpeados de nuestra sociedad”.

Finalmente, el gobernador trazó un paralelismo entre el pasado y las intenciones del actual Gobierno: “Parece que los que están defendiendo esto no entienden los problemas de las malas privatizaciones de los 90 y lo que va a pasar con las nuevas privatizaciones que impulsa Milei. Privatizar cualquier cosa a cualquier precio tiene resultados tremendos”.

El deterioro del poder adquisitivo empieza a dejar huellas en la vida cotidiana. Ya no se trata solo de recortar gastos: las familias están reconfigurando su manera de consumir. Hoy, seis de cada diez hogares ajustaron su presupuesto, resignaron calidad y modificaron hábitos para poder llegar a fin de mes.

En ese contexto se va consolidando una tendencia donde los consumidores abandonan marcas, cambian de comercios e incluso dejan de priorizar el origen de los productos con el único objetivo de abaratar la canasta básica.

El fenómeno, lejos de ser transitorio, muestra rasgos estructurales. Según el informe del primer trimestre de 2026 de la consultora Moiguer, la economía exhibe señales de recuperación en algunos indicadores, pero ese repunte no se traslada al consumo masivo. La brecha entre actividad y bolsillo se ensancha.

El cambio también es cultural. Si en los años de alta inflación predominaba la lógica de adelantar compras para anticiparse a las subas de precios, ahora la estrategia es otra: administrar peso por peso. Comparar promociones, combinar canales de venta y armar recorridos fragmentados se volvió parte de la rutina.

Esa transformación se refleja en los números. El 61% de los hogares redujo gastos en apenas los primeros meses del año, un salto de cuatro puntos respecto del mismo período de 2025. La compra dejó de ser concentrada: se divide entre supermercados, mayoristas, comercios de cercanía y plataformas digitales en busca del precio más bajo.

Pero el ajuste en el consumo tiene un límite. Cuando ya no hay margen para seguir recortando, aparece el endeudamiento. Cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos básicos, aunque ese alivio empieza a volverse un problema.

Los niveles de morosidad alcanzaron cifras récord: el 13,2% de los préstamos personales y el 11% de las tarjetas presentan irregularidades. Se trata de una tendencia que acumula más de un año en alza y que refleja un cambio de fondo: la deuda dejó de ser una herramienta transitoria y pasó a formar parte de la fragilidad estructural de los hogares.

El informe también pone en perspectiva histórica el momento actual. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el consumo acompañó el crecimiento económico, aunque con distinta intensidad.

En la gestión de Mauricio Macri se produjo un estancamiento con caída posterior, mientras que el ciclo de Alberto Fernández estuvo marcado por el impacto inicial de la pandemia y una recuperación parcial.

El panorama actual, bajo la administración de Javier Milei, muestra una dinámica distinta: el Producto rebota, pero el consumo no logra seguirle el ritmo y se mantiene en niveles cercanos a los de la crisis de comienzos de siglo.

Esto se debe, en líneas generales, a que las actividades que traccionan el crecimiento económico tienen una baja influencia en la demanda de mano de obra, y en cambio las actividades que emplean masivamente -a menudo asociadas con la 'economía real'- se mantienen deprimidas.

Las proyecciones no son alentadoras. El estudio estima que el consumo podría recién volver a los niveles de 2023 hacia el año 2030, lo que implica una década perdida en términos de capacidad de compra.

En todo caso, queda claro que el ajuste de la era Milei vino a transformar estructuralmente el consumo, redefiniendo la capacidad de compra de la ciudadanía desde el constante deterioro del poder adquisitivo de los salarios y abriendo mercados extranjeros para arbitrar los precios internos.

Esto empuja a los argentinos a una transformación en sus hábitos, que cambian de marca, de negocio y hasta de país de origen a la hora de tomar decisiones que comprometan el bolsillo. 

La decisión del Gobierno de acelerar el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales abrió un nuevo frente de tensión interna. Lo que en los papeles aparece como una respuesta institucional a la falta de magistrados -más de 300 cargos sin cubrir-, en la práctica expone la feroz disputa de poder que atraviesa al oficialismo.

“Juan Bautista se va a dar cuenta que devolver favores en el gobierno no es lo mismo que hacerlo desde su oficina”, deslizó un operador judicial con años en Comodoro Py. La frase resume el momento que enfrenta el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien se lanzó a impulsar el nombramiento de jueces y fiscales en medio de un escenario político fragmentado.

El anuncio de avanzar con 62 designaciones buscó recuperar la iniciativa tras el escándalo que golpea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, la ejecución del plan quedó rápidamente empantanada. A pocos días del anuncio, apenas una treintena de nombres había sido elevada para su revisión.

Desde el Ministerio de Justicia atribuyen la demora a cuestiones técnicas. Pero puertas adentro reconocen que el verdadero filtro es político. El encargado de auditar cada candidatura es Santiago Caputo, quien se reservó la última palabra para evaluar el “pedigree libertario” de los postulantes.

La intervención del asesor presidencial reconfigura el mapa. Meses atrás, había elaborado su propia lista con más de 150 nombres consensuados con gobernadores y aliados. Ese armado ahora choca con la avanzada de Mahiques, identificado con el sector que responde a Karina Milei, en una convivencia que dentro del Gobierno describen como cada vez más difícil de sostener.

La tensión que atraviesa a la Casa Rosada también impacta en la Corte Suprema, donde los movimientos recientes alimentaron nuevas suspicacias. Una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propuso cambios en el sistema de selección de jueces para limitar la incidencia política. La ausencia de Horacio Rosatti en esa firma abrió interrogantes sobre las internas en el máximo tribunal.

El trasfondo remite a disputas de antaño. La pulseada entre Rosatti y Lorenzetti, que se arrastra desde los años de Mauricio Macri, vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde cada movimiento judicial tiene impacto político.

En paralelo, figuras clave del fuero federal también mueven sus piezas. El juez Ariel Lijo, que supo estar en carrera para la Corte, reapareció con decisiones que rozan expedientes sensibles para el oficialismo. Su nombre, además, vuelve a sonar en la disputa por la Procuración General, hoy en manos de Eduardo Casal.

Ese cargo es otro de los botines en juego. En los tribunales aseguran que el propio Mahiques no descarta proyectarse hacia esa posición, aunque para eso deberá superar una serie de pruebas de lealtad dentro del esquema de poder libertario.

Mientras tanto, las causas que involucran al entorno presidencial siguen avanzando. El expediente vinculado al caso Libra y otras investigaciones sensibles funcionan como telón de fondo de una disputa donde política y justicia se entrelazan sin disimulo.

En ese escenario, cada decisión adquiere un doble valor: institucional hacia afuera, pero también estratégico hacia adentro. La designación de jueces, lejos de ser un trámite técnico, se convirtió en un campo de batalla donde se define algo más que nombres propios.

El oficialismo intenta mostrar orden, pero la realidad exhibe otra cosa: un entramado de tensiones cruzadas, con actores que juegan en simultáneo dentro y fuera del Gobierno. En ese tablero, Mahiques avanza, pero condicionado por una dinámica que no controla del todo.

Y mientras la Casa Rosada busca recomponer iniciativa, en los tribunales ya toman nota: la pelea por la Justicia recién empieza.

Algo cruje en el cinturón urbano más poblado de la Argentina. No es un ruido nuevo, pero su frecuencia se ha vuelto eléctrica, peligrosa. En los 24 municipios que conforman el Conurbano Bonaerense, lo que se palpa es un hundimiento en tobogán de todas las variables económicas. La metáfora que recorre los pasillos municipales es tan gráfica como inquietante: los cables están pelados y el pasto está seco.

Tras un verano que estiró los plazos de la tolerancia, el clima social parece haber quebrado. El gobierno de Javier Milei atraviesa una "tormenta perfecta": denuncias de nepotismo, un shock externo por el conflicto en Medio Oriente y, fundamentalmente, un deterioro interno que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último relevamiento de Latam Pulse, la desaprobación de la figura presidencial trepó al 61,6% en marzo, mientras que el rechazo a su gestión alcanzó el 57,4%.

La clase media en la mira

A diferencia de otras crisis, el epicentro del dolor se ha desplazado. Ya no se trata solo de los sectores históricamente vulnerables. “El gobierno de Milei está depredando a la clase media”, sentenció ante este diario el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

El paisaje es desolador: cierres de empresas, mora crediticia y familias enteras que caen en el sistema de préstamos informales ante la imposibilidad de calificar en el circuito bancario o incluso en aplicaciones como Mercado Pago.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, relata una escena que sintetiza el drama: un trabajador registrado de Morón Sur, asfixiado por deudas con prestamistas barriales, le confesó una disyuntiva extrema: "O robo para pagar o me tengo que mudar de barrio". Es la encrucijada de quien tiene empleo, pero ya no tiene vida.

El "desempleo blue" y la lista de espera para sobrevivir

El fenómeno del "autoempleo" o “desempleo blue” —como lo denomina el Instituto Argentina Grande (IAG)— crece a la par de la desocupación oficial, que en el GBA ya escala al 9,5%. Se trata de miles de personas que, para compensar la caída del poder adquisitivo, suman jornadas de tres o cuatro horas adicionales como choferes de aplicaciones o repartidores.

Los datos de la empresa Pedidos Ya son un termómetro infalible de la crisis: la firma tiene hoy 300.000 solicitudes en "latencia". Personas que quieren pedalear o manejar una moto para sobrevivir, pero que el algoritmo no admite para no canibalizar los ingresos de quienes ya están en la plataforma.

“La situación es dramática y está acompañada de una alteración emocional. La gente hoy se nos pone a llorar”, describe Larroque.

Un territorio volátil

Mientras el Estado nacional retacea recursos —la Provincia denuncia un recorte de 22 billones de pesos—, el Conurbano resiste mediante el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA. Sin embargo, la red de contención parece cada vez más tensa ante una inflación que no da tregua.

Para el analista Juan Courel, de Alaska Comunicación, el Conurbano será inevitablemente el eje de cualquier construcción política antimileísta. "Es donde está concentrada la mayor cantidad de votos. El hartazgo se está manifestando, pero falta algo que encadene las demandas", explica.

El GBA es hoy una incubadora de una coalición social opositora. Con el 37% del padrón electoral y una crisis que ya no distingue entre el trabajador formal y el desocupado, el principal bastión político del país espera, entre la angustia y el agotamiento, el próximo capítulo de una historia que parece haber llegado a su umbral de dolor.