Mañana se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto que prevé modificaciones en el régimen de las ART. El mismo fue presentado por el macrismo a fines del año pasado y cuenta con el apoyo de algunos sectores de la oposición. Gran parte del Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza, y el bloque justicialista que responde a Diego Bossio y Oscar Romero ya adelantaron su adhesión.

Otro sector importante del Frente Renovador anticipó su voto negativo al proyecto. Facundo Moyano, muy cercano al mundo sindical, cuestionó “el orden de prioridades del Gobierno” y lo acusó de impulsar la medida con el fin de “proteger al sector empresario y no al trabajador”.

Margarita Stolbizer, muy cercana a Massa, también se mostró en desacuerdo con la iniciativa, y manifestó que “se limita el ejercicio del derecho de un trabajador”, y agregó que “la decisión de bajar la litigiosidad pone al desnudo que nunca se ha planteado que esto se puede hacer por una vía más sencilla, que es disminuir los accidentes”. Además, subrayó que “la ley llega viciada de inconstitucionalidad, porque viola un principio elemental, que es que si una persona es dañada, debe ser compensada”.

Desde el Frente para la Victoria ya anunciaron que antepondrán un nuevo proyecto alternativo al impulsado por el macrismo. Héctor Recalde expresó días atrás en diálogo con P&M que esta medida “aumenta el negocio de las ART y baja el costo laboral de las empresas, perjudicando a los trabajadores”.

Ante el argumento oficialista que esgrimía la necesidad y la urgencia en el proyecto para “frenar una avalancha de juicios laborales”, Recalde retrucó aduciendo que “Avalancha de juicios laborales no hay, lo que hay es un aumento de juicios laborales pero por razones que tienen que ver con el incumplimiento de las compañías de seguros”, a quienes caracterizó como “compañías de lucro”.

El proyecto de Ley que se comenzó a debatir ayer en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Legislación del trabajo, propone “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales” que “constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”. Se establece luego que “una vez agotada” esta instancia, “las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central”.

Mientras tanto, el DNU 54/2017 dictado por el ejecutivo hace unas semanas sigue vigente, y lo que parece buscar el macrismo en el Congreso no es un debate genuino ni enriquecer la propuesta original, sino darle un marco de legitimidad a una medida que flexibiliza el acceso a los derechos laborales, burocratizando el acceso a la justicia.