Fiel al estilo del macrismo, Peña cargó contra la anterior gestión: “Luego de 12 años de desidia y no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el ministerio de comunicación a través de su área técnica y legal trabajó en un acuerdo, al que suscribieron los otros 600 acreedores, para poder darle fin a esta discusión que perjudicaba al estado al no resolverse”.

Correo Argentino SA entró en concurso de acreedores en el año 2002 con una deuda que alcanzaba los 292 millones de pesos. El Estado argentino posee el 33% de la deuda contraída por la firma que administraba la empresa. Durante los últimos quince años el Estado no aceptó las propuestas de reestructuración de deuda que porponía Franco Macri por considerarlas injustas por lo que Correo Argentino SA inició procesos judiciales contra su principal acreedor, el Estado.

“En diciembre pasado la fiscal que atiende el caso planteó sus disidencias sobre el tema y a partir de allí se genera esta discusión sobre un hecho que todavía no está determinado dado que está en sede judicial y que todavía requiere la opinión de la Cámara Federal” explicó Peña.

Ante esto, el jefe de gabinete explicó las medidas que tomará el gobierno: “El planteo que hace el gobierno, por indicación del presidente Macri, es solicitar una audiencia lo más rápido posible a la cámara federal para pedirle: en primer lugar, que aborde la problemática de manera integral, que incorpore en el análisis los juicios que la empresa Correo Argentino SA le ha hecho al estado; y para evitar cualquier tipo de duda, sobre posibilidad de conflicto de intereses, el Estado le solicitará a la auditoría general de la nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”.

Por otro lado, el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, se puso a disposición del Congreso de la Nación para poder brindar información. También solicitaron que el procurador general del tesoro planteara un análisis del accionar de todos los funcionarios desde el 2002 hasta la fecha para entender el por qué de “esa desidia que le costó al estado argentino no resolver el problema antes”.

Por último, Marcos Peña concluyó que “no se puede ser más transparente. Estamos convencidos de la importancia de transparentar cualquier acción de gobierno y en particular estas que pueden generar dudas. Queremos que investiguen por qué no hubo acuerdo durante 12 años”.