
—¿Qué balance hacen del último año de trabajo y de la jornada del viernes en el Congreso?
—El primer balance del encuentro es que fue positivo, hubo más gente que el año anterior, se pudieron abordar ejes más específicos, vinieron más delegaciones de las provincias; la verdad que en términos de encuentro el balance es más que positivo. Estuvo la ministra de Seguridad de la Nación, el secretario de Derechos Humanos, la ex ministra de Seguridad de la Nación, la Defensora General de la Nación, un montón de personalidades de la política, de los sindicatos y de la cultura.
El 2014 y lo que va de 2015 ha sido un tiempo agitado para los temas de violencia institucional, la evaluación es contradictoria porque por un lado se sancionó el mecanismo de prevención de la tortura y el ejecutivo lo reglamentó aunque todavía no se está aplicando; pero por otro lado también apareció el cuerpo de Luciano Arruga y no hay ningún responsable tras las rejas. Está también el caso de Franco Casco en Rosario. Por eso la evaluación es contradictoria. En la Argentina hubo avances que se dieron a paso firme, pero falta mucho, por supuesto.
—Está instalado y sobre todo en este año que es electoral, el paradigma de que más policías en la calle es más seguridad. ¿Qué creés al respecto?
—Yo creo que no sirve, ha sido demostrado: la política de mano dura, de mayores efectivos y más cámaras ha fracasado, porque la frecuencia delictiva sigue existiendo y en algunos casos hasta ha aumentado. Esta política delictiva se ha implementado a lo largo de los últimos 30 años, no solo en la Argentina sino en el mundo entero, pero si se aumentan las penas, los recursos, los patrulleros, y la frecuencia delictiva sigue o en algunos casos aumenta, entonces quiere decir que la política ha fracasado. Nosotros creemos que el esfuerzo mayor del Estado debe estar en prevenir: una sociedad segura no es una sociedad que castiga bien a sus delincuentes, es una sociedad que no tiene delincuentes o que no tiene hechos de delincuencia. Y para eso el Estado tiene que llegar antes y prevenir.
—¿Qué pensás que falta para que se logren estos objetivos de prevención?
—En la Argentina en estos 12 años se ha hecho mucho. Hemos subido el piso de derechos de nuestro pueblo de una manera muy contundente, reconstruimos una gran parte del tejido social y hemos incorporado millones de argentinos al trabajo. Pero hay algunas cosas que todavía no hemos hecho, que tienen que ver con las reformas de las policías, las reformas integrales y democráticas de nuestras fuerzas de seguridad, las reformas judiciales. Digo las reformas porque tanto en la justicia como en la seguridad hay una competencia no delegada de las provincias a la nación desde el pacto constitutivo de la Argentina. Entonces son las provincias las que deben asumir las reformas democráticas de las fuerzas de seguridad. De hecho en términos federales se ha avanzado con la creación del ministerio, el control civil, el control del uso de la fuerza; se ha intentado modificar la justicia y construir una democratización del poder más antipopular que hay en la Argentina aunque la corporación judicial ha accionado y ha tirado atrás esa modificación. Pero en las provincias nada de eso ha pasado.
—¿Por qué se eligió el 8 de mayo como día para trabajar contra la violencia institucional?
—El 8 de mayo es el aniversario de la Masacre de Budge que fue en el año 87’, cuando dos policías de la bonaerense acribillaron a balazos a tres pibes que estaban tomando una cerveza y charlando en la puerta de su casa. Este caso brutal generó una reacción, un pedido de justicia inmenso por el barrio, que se movilizó entero a la comisaría. Después fue uno de los primeros casos que se hizo público y llegó a las tapas de los diarios. En los alegatos de ese juicio, el abogado que era el “Toto” Zimerman, un gran compañero, comprometido con esta causa, acuñó por primera vez el término de “gatillo fácil”. Con los familiares de las víctimas, con los abogados, con las organizaciones que son parte de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, decidimos impulsar una ley que declare ese día, el 8 de mayo, como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en homenaje a los pibes, al “Toto” Zimerman y también al barrio que salió a pelear para que eso no pase más.
—¿Cuáles son las próximas medidas a tomar?
—Primero hay que implementar rápidamente el mecanismo de prevención de la tortura; en segundo lugar hay que construir un registro nacional unificado de los casos de violencia institucional para poder llevar a cabo una estadística que nos permita planificar y detectar cuál es el problema real que existe alrededor del tema, ya que no hay ningún registro oficial de datos de violencia institucional. En tercer lugar, lo que piden los familiares, que es construir una defensoría de la víctima, a nivel federal, a nivel provincial, que nos permita a nosotros o a los familiares contar con un abogado a la hora del litigio, que acompañe a la víctima de la violencia institucional. Porque no es cualquier violencia, no es que el Estado se tiene que hacer cargo de todo sino que el Estado se tiene que hacer cargo con mucha más fuerza de quienes son víctimas por su propia inoperancia o por su propia acción.
—Suele decirse que hay que combatir la “inseguridad” con cultura y educación. Lo complejo es que esos procesos son a largo plazo y hay una gran parte de la población que ha sido víctima de hechos delictivos y que reclama acciones inmediatas. ¿Cómo se hace para llegar a esas personas, que también están paradas desde el dolor, y transmitirles que el paradigma de la mano dura no sirve?
—Lo que pasa es que no es solo desde lo educativo o lo cultural, la delincuencia no es un problema educativo: es un problema de modelo de país, y la exclusión no se resuelve con educación, se resuelve con inclusión concreta. El Estado para poder planificar una política de seguridad real, tiene que atacar las causas de la inseguridad, los motores de la secuencia delictiva. Los motores de los actos delictivos no son los pibes que se mandan una cagada y generan una ruptura en la sociedad, los motores de los actos delictivos son los grandes delitos organizados: el narcotráfico, la trata de personas, la venta de autopartes y el tráfico de armas. Estos quizá son los cuatro delitos más importantes que hay en la Argentina y son los que generan que haya alguien en el barrio que le de guita a los pibes para que roben un auto o que vendan la droga; son los que generan que alguien secuestre una mujer y la lleve de una punta a la otra del país. Ahora, para cometer esos delitos uno tiene que tener infraestructura y sin dudas tiene que tener connivencia con las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Lo que hay que atacar es eso. Si nosotros resolvemos los grandes delitos de la Argentina, el otro tipo de delito, el robo de un auto, el robo de una cartera, el robo de dinero para consumir droga, probablemente no va a dejar de existir pero sin duda va a tener menos relevancia.
Entonces a las víctimas, como dicen ellos, de la delincuencia, lo que nosotros les hacemos es un planteo sincero: discutamos realmente por qué te vinieron a robar el auto, ¿sabés por qué? Porque hay un mercado ilegal de autopartes, entonces están los que compran las autopartes, los que cortan las autopartes y los que dejan funcionar los desarmaderos; y en eso seguro está la policía, y en eso seguro está la justicia. Entonces, reformemos las policías, cambiemos las fuerzas de seguridad y construyamos fuerzas policiales y judiciales que investiguen el delito complejo y no que metan a los perejiles. Porque a ese pibe que hoy te robó el auto y por ahí se mandó una cagada, lo meten preso, pero si el negocio de las autopartes sigue, van a encontrar a otro pibe que tenga la necesidad o que esté desesperado para que salga a robar.