El trámite se realizó esta mañana en las oficinas de Casanello en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

En la causa, Casanello ya pidió informes financieros, bancarios y a organismos públicos tras la imputación del fiscal González por supuesto "enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".

Además de Stiuso, están imputados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, entre otros.

A fines de marzo, Stiuso y este grupo de ex espías y empresarios comenzaron a ser investigados por los presuntos delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras ser imputados por el fiscal federal González.
Se trata de al denuncia que realizó la Ong La Alameda sobre los negocios que los agentes comandados por Stiuso realizaban de manera ilegal bajo el paraguas de la agencia de inteligencia estatal.

La Alameda, que dirige el legislador porteño Gustavo Vera, denunció en principio un entramado de 52 empresas que integrarían un grupo económico manejado por ex agentes de inteligencia y pidió que se investigue el patrimonio de Stiuso, cuyo salario formal rondaría los 15 mil pesos.

Una de las empresas denunciadas es “American Tape S.R.L”, creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audios y videos.

La empresa tiene su sede en la avenida Jujuy al 200 de esta capital, donde Stiuso recibía las facturas de mas de doscientos teléfonos celulares a su nombre cuando comandaba operativamente la ex Side.

Sin embargo, al desclasificar los legajos de los ex agentes, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó que se tratara de empresas creadas como parte de la tarea de la Secretaría de Inteligencia y envió los reportes a la fiscalía.
Otros de los negocios de los ex espías serían empresas agropecuarias y de también de explotación de la prostitución ya denunciados con anterioridad ante la justicia.

En su imputación, el fiscal González pidió a Casanello unas treinta medidas de prueba tendientes a desentrañan lo que consideró un “complejo entramado” financiero que incluiría lavado de dinero.

Entre las medidas requeridas figuran pedir informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ), donde la empresas deben registrarse.

Fuente: Télam