La polémica estalló tras conocerse que una proporción significativa de los créditos hipotecarios de mayor monto otorgados recientemente por el Banco de la Nación Argentina (BNA) —34 de los 50 más altos— beneficiaron a figuras vinculadas a La Libertad Avanza. Ante la creciente presión social y política, la entidad dirigida por Daniel Tillard optó por una defensa técnica, sosteniendo que el proceso de adjudicación se realizó "sin excepciones" y bajo la normativa vigente.

Los puntos críticos del escándalo

• Montos millonarios: Se han detectado préstamos que alcanzan hasta los u$s350.000 o montos cercanos a los $500 millones de pesos, destinados a la compra o cambio de segundas viviendas por parte de funcionarios con altos ingresos.
• Beneficiarios bajo la lupa: La lista incluye a integrantes del equipo económico como Federico Furiase y Felipe Núñez, además de legisladores como Lorena Villaverde, quien enfrentaría un embargo de sueldo, y Federico Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados.
• Cuestionamiento ético: La oposición critica que, mientras se exige austeridad y ajuste a la población, el entorno presidencial acceda a tasas subsidiadas menores a las de la banca privada para fines no esenciales.

La respuesta oficial y judicialización

• Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei defendió la legalidad de las operaciones, negando irregularidades éticas. Sin embargo, la justicia federal ya recibió denuncias penales por presunta administración fraudulenta, abuso de autoridad y cohecho.

  La diputada Mariana Frade, de la Coalición Cívica, señaló que el banco podría estar otorgando financiaciones que "de antemano sabe que entrarán en mora", debido a que los cargos públicos tienen una estabilidad limitada que no garantizaría el repago a largo plazo. Mientras tanto, el BNA se mantiene firme en que no se modificó ningún criterio de selección para favorecer a los allegados al poder.