A pesar de los fallos judiciales que obligan al Gobierno a garantizar los recursos para el funcionamiento de las altas casas de estudio y la actualización salarial, la gestión libertaria mantiene el presupuesto congelado. Los representantes sindicales de CONADU Histórica y otras organizaciones advirtieron que, de persistir el incumplimiento de la ley, las medidas se agudizarán con una nueva huelga prevista para la semana del 27 de abril, culminando en una segunda Marcha Federal Universitaria.

La parálisis afecta a todas las universidades públicas del país, donde además del cese de actividades se realizarán clases públicas y "cartelazos" para visibilizar la crisis presupuestaria que pone en riesgo la continuidad del ciclo lectivo 2026.

Este escenario de parálisis total pone en jaque no solo el dictado de materias, sino también el funcionamiento de los centros de investigación y los programas de extensión universitaria, que dependen de un presupuesto que el Ejecutivo se niega a girar. Desde el Ministerio de Capital Humano insisten en que los recursos actuales son suficientes, mientras que los rectores nucleados en el CIN advierten que, sin una actualización que contemple la inflación acumulada, muchas facultades no podrán afrontar el pago de servicios básicos en el segundo cuatrimestre. La tensión se traslada ahora a los pasillos de la Justicia, donde se espera que las presentaciones por el incumplimiento del Gobierno deriven en sanciones directas contra los funcionarios responsables.