El precio de los combustibles volvió a acelerar y se consolidó como uno de los rubros más dinámicos -y sensibles- de la economía. A fines de marzo, el litro de nafta súper superó los 1.900 pesos, en un esquema donde los valores se actualizan con alta frecuencia y reflejan de manera casi automática las variaciones internacionales del petróleo.

Desde la asunción de Javier Milei, el sector opera bajo un esquema más desregulado, con menor intervención estatal y una lógica de ajustes continuos que en el propio mercado definen como “micropricing”. El resultado: precios que se mueven más rápido que el resto de la economía.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) dimensiona el fenómeno. “Desde que asumió el gobierno, la nafta aumentó un 514 por ciento, 56,9 por ciento en términos reales”, señala.

La cifra contrasta con otros indicadores clave: en el mismo período, la inflación acumuló 291,9% y los salarios privados registrados subieron 288%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo frente al costo del combustible.

La tendencia no se detuvo en los últimos meses. “La nafta subió 18,7 por ciento este año, el doble de la inflación”, agrega el relevamiento. En paralelo, los salarios avanzaron apenas 6,7%, ampliando la distancia entre ingresos y costos energéticos.

El frente externo también juega su parte. La escalada de tensiones en Medio Oriente -con eje en el conflicto entre Estados Unidos e Irán- empujó el precio del crudo y generó un efecto dominó en los mercados. A nivel local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de contención amplifica el traslado a surtidores.

Desde el IAG advierten que “el gobierno no tiene estrategia para los precios internos de la nafta”, y comparan el esquema vigente con modelos de menor regulación directa, como el que impulsó Donald Trump en Estados Unidos.

Pero el impacto no se limita al surtidor. El combustible es un insumo transversal que incide en toda la estructura de costos: transporte, logística, alimentos y producción. Cada aumento se derrama -con distintos tiempos- sobre el resto de los precios.

En ese contexto, los ingresos corren desde atrás. Según el informe, los salarios privados muestran una caída real del 3,5%, mientras que en el sector público el retroceso es mucho más profundo: 37,2% respecto del promedio previo al cambio de gestión. A la par, los gastos fijos -que incluyen tarifas y transporte- duplicaron su peso en el salario mediano, pasando del 4,8% al 10,8%.

En trabajadores registrados, ese margen cayó del 80,1% al 76% del salario. La contracara es el aumento del endeudamiento: el 47% de los hogares recurre a distintas estrategias para sostener el consumo y un 13,9% ya tiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6% de las familias a comienzos de 2026, el nivel más alto en dos décadas.

A esto se suma el componente impositivo. El gravamen sobre los combustibles incrementó su participación en el precio final en los últimos años. Según el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, “el impuesto a los Combustibles pasó del 10 por ciento del precio final en 2022 al 22 por ciento en marzo de 2026”. Y precisó: “En un litro de 2.000 pesos, son alrededor de 400 pesos”.

El funcionario también cuestionó el destino de esos recursos: “Están cobrando un impuesto que debería destinarse a mantener y ampliar las rutas, pero no hicieron 1 kilómetro nuevo ni arreglan lo que ya existe”.

En términos más amplios, Katopodis vinculó el encarecimiento de la nafta con el deterioro del poder adquisitivo: “El golpe para quienes trabajan y producen se aceleró: desde que asumieron, la nafta aumentó más del doble que los salarios y la brecha se disparó desde diciembre. En los últimos tres meses, subió tres veces más que los sueldos”.

El esquema actual combina desregulación, alta carga impositiva y fuerte exposición a las tensiones internacionales. En ese triángulo, el precio del petróleo marca el pulso, pero la discusión de fondo vuelve siempre al mismo punto: el rol del Estado en la regulación de un insumo clave para la economía.