La decisión del Gobierno de acelerar el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales abrió un nuevo frente de tensión interna. Lo que en los papeles aparece como una respuesta institucional a la falta de magistrados -más de 300 cargos sin cubrir-, en la práctica expone la feroz disputa de poder que atraviesa al oficialismo.

“Juan Bautista se va a dar cuenta que devolver favores en el gobierno no es lo mismo que hacerlo desde su oficina”, deslizó un operador judicial con años en Comodoro Py. La frase resume el momento que enfrenta el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien se lanzó a impulsar el nombramiento de jueces y fiscales en medio de un escenario político fragmentado.

El anuncio de avanzar con 62 designaciones buscó recuperar la iniciativa tras el escándalo que golpea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, la ejecución del plan quedó rápidamente empantanada. A pocos días del anuncio, apenas una treintena de nombres había sido elevada para su revisión.

Desde el Ministerio de Justicia atribuyen la demora a cuestiones técnicas. Pero puertas adentro reconocen que el verdadero filtro es político. El encargado de auditar cada candidatura es Santiago Caputo, quien se reservó la última palabra para evaluar el “pedigree libertario” de los postulantes.

La intervención del asesor presidencial reconfigura el mapa. Meses atrás, había elaborado su propia lista con más de 150 nombres consensuados con gobernadores y aliados. Ese armado ahora choca con la avanzada de Mahiques, identificado con el sector que responde a Karina Milei, en una convivencia que dentro del Gobierno describen como cada vez más difícil de sostener.

La tensión que atraviesa a la Casa Rosada también impacta en la Corte Suprema, donde los movimientos recientes alimentaron nuevas suspicacias. Una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propuso cambios en el sistema de selección de jueces para limitar la incidencia política. La ausencia de Horacio Rosatti en esa firma abrió interrogantes sobre las internas en el máximo tribunal.

El trasfondo remite a disputas de antaño. La pulseada entre Rosatti y Lorenzetti, que se arrastra desde los años de Mauricio Macri, vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde cada movimiento judicial tiene impacto político.

En paralelo, figuras clave del fuero federal también mueven sus piezas. El juez Ariel Lijo, que supo estar en carrera para la Corte, reapareció con decisiones que rozan expedientes sensibles para el oficialismo. Su nombre, además, vuelve a sonar en la disputa por la Procuración General, hoy en manos de Eduardo Casal.

Ese cargo es otro de los botines en juego. En los tribunales aseguran que el propio Mahiques no descarta proyectarse hacia esa posición, aunque para eso deberá superar una serie de pruebas de lealtad dentro del esquema de poder libertario.

Mientras tanto, las causas que involucran al entorno presidencial siguen avanzando. El expediente vinculado al caso Libra y otras investigaciones sensibles funcionan como telón de fondo de una disputa donde política y justicia se entrelazan sin disimulo.

En ese escenario, cada decisión adquiere un doble valor: institucional hacia afuera, pero también estratégico hacia adentro. La designación de jueces, lejos de ser un trámite técnico, se convirtió en un campo de batalla donde se define algo más que nombres propios.

El oficialismo intenta mostrar orden, pero la realidad exhibe otra cosa: un entramado de tensiones cruzadas, con actores que juegan en simultáneo dentro y fuera del Gobierno. En ese tablero, Mahiques avanza, pero condicionado por una dinámica que no controla del todo.

Y mientras la Casa Rosada busca recomponer iniciativa, en los tribunales ya toman nota: la pelea por la Justicia recién empieza.