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La Cámara de Diputados de la Nación concluyó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas sobre el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (26.639). En un clima marcado por problemas técnicos de sonido y una menor presencia física de legisladores, cerca de 100 expositores brindaron su testimonio de forma remota, dejando en claro que la batalla por los reservorios de agua dulce se trasladará, tarde o temprano, a los tribunales.
El bloque oficialista, liderado por La Libertad Avanza, mantiene el optimismo. Según fuentes parlamentarias, la estrategia consiste en utilizar el receso de Semana Santa para terminar de pulir los números y convocar a un plenario informativo el 8 de abril. Ese mismo día, por la mañana, se espera la presencia de 12 gobernadores para blindar políticamente el proyecto y firmar el dictamen de mayoría por la tarde.
El frente judicial y los tratados internacionales
La oposición y las organizaciones civiles no se quedaron atrás. Durante las exposiciones, se reiteró que el proyecto viola el Tratado de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias.
Varios oradores abrieron sus alocuciones aclarando que su participación "no convalida la audiencia" y que se reservan el derecho de iniciar acciones legales. El punto de conflicto central es el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de "no regresión ambiental".
Ciencia vs. Política: los argumentos cruzados
Uno de los testimonios más técnicos fue el de Pablo Villagra, director del IANIGLA (organismo que realiza el Inventario Nacional de Glaciares). Villagra advirtió que la reforma "deja áreas con hielo sin proteger" y que subordina el rol científico a decisiones políticas, dejando desprotegido el ambiente periglacial que contiene hielo subterráneo, vital para las cuencas hídricas.
En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, defendió la iniciativa alegando que busca "precisión normativa" y respeto al federalismo. Según su visión, no todos los glaciares cumplen funciones de reserva estratégica y el proyecto intenta corregir esa "distorsión" para permitir la actividad productiva.
Llamó la atención la cautela de algunas provincias mineras. Si bien San Juan, bajo la gestión de Marcelo Orrego, defendió abiertamente la normativa, otros gobiernos como los de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca) —quienes impulsan el cambio— mantuvieron un perfil bajo en esta etapa de audiencias.
La polémica también alcanzó a los expositores del sector privado. Fue el caso del geólogo Pablo Marcet, quien defendió la reforma sin mencionar durante su discurso su rol en la junta directiva de la canadiense Pan American Silver Corp. "Pretenden transformar una ley de protección mínima uniforme en una ley política donde cada provincia defina qué proteger conforme a su explotación minera", denunció la diputada (MC) Graciela Camaño, sintetizando el núcleo de la resistencia al proyecto.
Con el cronograma fijado para la segunda semana de abril, el Gobierno apuesta a que el peso de los gobernadores sea suficiente para convertir en ley una reforma que, para científicos y ambientalistas, representa un retroceso irreversible en la protección del agua dulce en Argentina.
