La discusión sobre los números de la economía ya no se limita a la inflación o al crecimiento. En paralelo, se abre una grieta cada vez más visible entre los indicadores oficiales y la vida cotidiana: jubilados que vuelven a trabajar para poder llegar a fin de mes.

El fenómeno, que se repite en distintos puntos del país, empieza a consolidarse como tendencia. No se trata de una prolongación voluntaria de la vida laboral activa, sino de una respuesta obligada ante la pérdida del poder adquisitivo. Manejar un taxi, atender un kiosco o hacer changas se transformó en una postal habitual entre quienes ya habían salido del mercado laboral.

El problema es que esa realidad apenas aparece en las estadísticas. Al no ser considerados parte de la población económicamente activa, los mayores de 65 años quedan fuera de la medición tradicional del desempleo. Sin embargo, relevamientos privados muestran que la cantidad de jubilados en trabajos informales se multiplicó por 2,5 desde la llegada del actual gobierno.

El trasfondo es doble: ingresos previsionales que pierden contra la inflación y un mercado laboral que expulsa hacia la informalidad. En ese cruce emerge lo que los especialistas denominan “desempleo encubierto”: personas que figuran como ocupadas, pero en condiciones precarias, con pocas horas o ingresos insuficientes.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con microdatos del INDEC, pone cifras a este fenómeno. En el tercer trimestre de 2025, la tasa de actividad entre mayores de 66 años creció un 11% interanual, impulsada por lo que el estudio define como una búsqueda de ingresos “supervivencial”.

El mismo trabajo señala que el desempleo encubierto aumentó 34,1% en un año, con especial impacto en ese segmento etario. En términos más amplios, si se suman estas formas de inserción precaria, la tasa de desempleo se eleva del 6,6% al 13,8%, lo que deja en evidencia las limitaciones de la medición tradicional.

“La tasa de desempleo se vuelve un indicador insuficiente para medir la presión sobre el mercado laboral”, advierte el informe, que introduce el concepto de “desempleo blue” para describir a quienes, aun teniendo alguna ocupación, no logran sostener ingresos ni estabilidad.

El deterioro de los haberes previsionales explica buena parte del fenómeno. A fines de 2025, la jubilación mínima se ubicó en 340.879 pesos, con un bono adicional de 70 mil pesos congelado desde marzo de 2024. En ese contexto, el ingreso total perdió poder de compra frente a una inflación anual del 31,5%, con una caída real del 4,6%.

El impacto es aún mayor si se observa el bono: cayó un 23% en términos reales durante 2025 y acumula una pérdida del 46% desde su última actualización. Para mantener su valor, debería haber superado los 129 mil pesos. La consecuencia es directa: casi la mitad de los jubilados vieron deteriorarse sus ingresos.

Así, la salida al mercado laboral deja de ser una opción y pasa a ser una imposición. A diferencia del clásico “trabajador adicional” -jóvenes que se incorporan para sostener el ingreso familiar-, ahora el fenómeno se desplaza hacia quienes ya habían completado su ciclo laboral.

El problema es que ese regreso no ocurre en condiciones formales ni estables. Se canaliza, en su mayoría, a través de empleos de baja productividad, sin protección y con ingresos marginales. Actividades que modifican la estadística, pero no resuelven la precariedad.

La propia metodología oficial contribuye a esa distorsión. Según los criterios del INDEC, alcanza con haber trabajado una hora en la semana para ser considerado ocupado. Esa definición permite que proliferen trabajos de baja intensidad que reducen artificialmente la tasa de desempleo sin reflejar la verdadera situación.

El resultado es una foto parcial: menos desocupados en los papeles, pero más personas obligadas a aceptar condiciones laborales débiles. En ese universo, los jubilados ocupan un lugar particular: su mayor participación eleva la tasa de actividad, pero también alimenta la subocupación.

Los datos oficiales del cierre de 2025 apenas insinúan esta dinámica. La desocupación general se ubicó en 7,5%, mientras que la participación laboral de mayores de 65 años sigue siendo baja en términos formales. Pero esa aparente estabilidad convive con un crecimiento sostenido del trabajo precario.

En ese cruce entre números y realidad se juega una discusión de fondo. La expansión del empleo informal entre los adultos mayores no alivia la presión social: la desplaza hacia zonas menos visibles, donde las categorías tradicionales pierden capacidad de explicación.

El regreso de los jubilados al trabajo no es solo un dato económico. Es, sobre todo, el síntoma más palpable de un desequilibrio cada vez más profundo entre ingresos y costo de vida. Una tensión que los indicadores todavía no logran mostrar en toda su dimensión.