En un movimiento que puede alterar el rumbo de la investigación por la presunta estafa vinculada al token $Libra, el empresario Mauricio Novelli pidió la nulidad del análisis sobre su teléfono celular. La presentación, firmada por su abogado Daniel Rubinovich, plantea que el procedimiento estuvo atravesado por “vicios graves” que vulneraron garantías básicas como el derecho a defensa y la privacidad.

Novelli, uno de los imputados en el expediente, mantiene vínculos con el presidente Javier Milei desde al menos 2020, cuando el actual mandatario dictaba cursos en su academia. El informe cuestionado había revelado un intenso intercambio de comunicaciones en los días críticos de febrero de 2025, cuando el valor del activo digital se desplomó tras haber alcanzado un pico cercano a los cinco dólares.

El eje del planteo defensivo apunta contra la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo encargado del relevamiento. Según el escrito, hubo accesos indebidos, visualizaciones injustificadas y copias locales de material sensible por parte del personal técnico, lo que habría comprometido la integridad de la prueba.

“El examen del contenido extraído excedió una mera operación técnica de localización o descarga, y se convirtió, en los hechos, en una actividad materialmente pericial, desmedidamente intrusiva”, sostiene la defensa, que además denuncia la ausencia de control de las partes durante el proceso.

Uno de los puntos más delicados es la presunta ruptura de la cadena de custodia. Para los abogados de Novelli, la posibilidad de que terceros hayan accedido al material sin justificación implica que no se puede garantizar que la información no haya sido alterada. “Nos encontramos frente a la imposibilidad actual de descartar de modo serio, exhaustivo e independiente cualquier afectación de la integridad”, advierten.

El planteo no llega en el vacío. Días atrás, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había deslizado públicamente dudas sobre la preservación del material al señalar que “la cadena de custodia no está garantizada” y que incluso podría haber existido manipulación. Esa coincidencia entre el discurso oficial y la estrategia defensiva no pasó desapercibida en los tribunales.

La defensa también cuestionó la metodología utilizada por la Datip, al considerar que el informe incluyó información por fuera de los parámetros fijados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. Según detallaron, el relevamiento incorporó “8669 páginas de comunicaciones y 4193 archivos”, una extensión que calificaron como “inaceptable e incompatible” con los límites establecidos.

En ese contexto, solicitaron que el informe sea excluido de manera inmediata, que se clausure el acceso al material y que se suspenda cualquier medida judicial que dependa de esos datos hasta que se resuelva el planteo. Además, reclamaron un contraperitaje independiente para determinar si es posible reconstruir la validez de la evidencia.

El expediente entra ahora en una etapa clave. Lo más probable es que el juez requiera la opinión del fiscal antes de decidir si hace lugar a la nulidad. En paralelo, la causa sigue avanzando con otras líneas de investigación que buscan establecer responsabilidades en el colapso del token.

Más allá de la resolución judicial, el episodio deja al descubierto una disputa de fondo: la credibilidad de la prueba que compromete a actores cercanos al poder. Si la pericia cae, no solo se debilita una pieza central del caso, sino que también se abre un interrogante mayor sobre la consistencia de toda la investigación.