La política económica del gobierno de Javier Milei no es, en términos de instrumentos, una novedad en la historia argentina. Sus lineamientos centrales remiten a un repertorio ya conocido, aplicado en distintos momentos por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura, por Carlos Menem en los años noventa y por Mauricio Macri en su gestión reciente.

Sin embargo, hay un elemento que introduce una diferencia decisiva: el contexto internacional. Mientras aquellas experiencias se desarrollaron en sintonía -o al menos sin fricción- con la corriente dominante de la economía global, el programa actual avanza en sentido contrario.

El repaso histórico permite identificar una matriz común. La liberalización de precios, la apertura comercial, la desregulación financiera, la reducción del rol del Estado y la promoción de la inversión extranjera aparecen como pilares reiterados de los ciclos de ajuste. Ese esquema quedó claramente expuesto en el discurso de Martínez de Hoz en 1976, donde la “libertad” económica se planteaba como contracara del intervencionismo estatal.

Ese recetario se desplegó en un mundo que comenzaba a girar hacia el neoliberalismo, con liderazgos como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y con el respaldo teórico de economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman. Fue la etapa de los “Chicago boys” y del predominio del monetarismo.

Aun así, incluso en ese marco, la dictadura argentina combinó apertura con una estrategia productiva selectiva, sosteniendo sectores considerados estratégicos bajo control estatal o de grupos locales.

En los noventa, el menemismo se alineó con el llamado Consenso de Washington, un decálogo que impulsaba disciplina fiscal, privatizaciones, desregulación y apertura. El problema no estuvo tanto en la adopción del programa como en su rigidez, particularmente en el frente cambiario. La persistencia de la convertibilidad, aun cuando otros países flexibilizaban sus políticas, terminó por detonar la crisis de 2001.

El ciclo de Macri retomó esa misma lógica en un contexto regional favorable a gobiernos de derecha, pero volvió a tropezar con un patrón repetido: el endeudamiento acelerado como sostén del esquema. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018, lejos de estabilizar la economía, profundizó su fragilidad.

Entre esos períodos, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner marcaron un paréntesis. Con mayor intervención estatal, políticas de ingresos y una apuesta a la reindustrialización, ese ciclo se apoyó también en un contexto internacional distinto, con menor presión de Estados Unidos sobre la región y un escenario global más favorable para economías emergentes.

La diferencia central del presente es que el programa libertario no sólo replica un esquema que ya mostró sus límites, sino que lo hace en un mundo que cambió de dirección. Hoy, las principales economías avanzan hacia políticas de protección industrial, intervención estatal y disputa por cadenas de valor estratégicas.

Estados Unidos impulsa procesos de reindustrialización, Europa refuerza barreras frente a competidores externos y China consolida un modelo de desarrollo con fuerte planificación estatal. En ese escenario, la apertura irrestricta y la desregulación extrema aparecen desalineadas con la tendencia global.

Esa desconexión no es un dato menor. A los problemas estructurales del modelo -la fragilidad cambiaria, la dependencia del financiamiento externo y el deterioro del mercado interno- se suma ahora un contexto internacional que no acompaña.

El atraso cambiario sostenido con reservas limitadas, el recurso al endeudamiento como ancla y la caída del consumo y del salario real configuran un cuadro que remite a experiencias previas. Pero, a diferencia de otros momentos, esta vez el viento externo no sopla a favor.

En ese cruce entre un programa conocido y un mundo distinto se juega el desenlace. La historia reciente ofrece antecedentes sobre cómo terminan estos ciclos. La novedad, en todo caso, es que ahora el experimento se desarrolla sin red internacional, lo que amplifica sus riesgos económicos y sociales.