La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con una primera audiencia pública que comenzará a las 10 y que estará marcada por cuestionamientos sobre el formato de participación.

El esquema definido prevé dos jornadas de exposiciones. La primera será presencial, con unos 200 oradores, mientras que otros 200 participarán el jueves de manera remota. El resto de los inscriptos -más de 100 mil- deberá enviar sus aportes por escrito o mediante videos.

El diseño impulsado por el oficialismo generó tensiones desde el arranque. Sectores de la oposición y organizaciones sociales cuestionan las restricciones en la cantidad de expositores y el tiempo asignado para cada intervención, que no podrá superar los cinco minutos.

La organización del debate quedó a cargo de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes ratificaron el esquema previsto y aclararon que sólo podrán ingresar al recinto quienes hayan sido notificados previamente.

Según informaron, el acceso al Congreso estará habilitado desde las 9 por el ingreso de Mitre y Riobamba, y la actividad será transmitida por los canales oficiales, con cobertura de prensa acreditada.

También se establecieron límites para la presencia de asesores en la sala, una decisión que generó malestar en algunos bloques. Desde espacios como Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda anticiparon que reclamarán una extensión del cronograma para garantizar mayor participación.

Pese a esos pedidos, el oficialismo mantuvo las fechas fijadas originalmente para las audiencias, lo que anticipa un inicio de debate atravesado por discusiones reglamentarias además de las de fondo.

En paralelo, el proceso se desarrolla con intervenciones judiciales. Un primer planteo para suspender las audiencias fue rechazado por el juez Enrique Regeuira, pero otra presentación impulsada por organizaciones ambientalistas aún no tiene resolución en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico.

Entre los argumentos de las organizaciones aparece el reclamo para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. La presentación fue acompañada por entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace.

Fuera del Congreso, la discusión también tendrá su expresión en la calle. Para la tarde de este miércoles está prevista una movilización de organizaciones ambientalistas, junto con representantes de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita, además de movimientos campesinos.

Los convocantes buscan visibilizar los posibles impactos ambientales, sociales y culturales que, según sostienen, podría tener una flexibilización de la normativa vigente.

Con este escenario, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares arranca con un doble frente: por un lado, la discusión técnica y política sobre el contenido del proyecto; por otro, las condiciones en las que se desarrolla el proceso participativo, que ya se convirtieron en un punto de conflicto.