La ex diputada libertaria, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto conflicto de intereses vinculado a la actividad de la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.

Tras los escándalos por el viaje a Nueva York en el avión presidencial, y el difícilmente justificable vuelo privado a Punta del Este, la pareja del momento suma otra polémica que complejiza la situación del funcionario ante la opinión pública.

Según la presentación, la firma “+Be”, propiedad de Angeletti, habría sido contratada por empresas con vínculos comerciales con el Estado mediante un esquema de triangulación. Entre los organismos mencionados aparecen YPF, AySA, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la agencia recaudadora ARCA.

No es la primera vez que surgen cuestionamientos sobre la relación entre la actividad privada del entorno familiar de Adorni y su rol en la gestión pública. En los últimos meses, ya habían trascendido vínculos entre la consultora y empresas interesadas en decisiones administrativas bajo la órbita del propio funcionario.

Uno de los puntos que retoma la denuncia es la relación con el grupo Datco, un conglomerado con contratos en múltiples áreas del Estado, incluyendo servicios en organismos como el Banco Central, Trenes Argentinos y Lotería Nacional. Según Pagano, esta empresa también habría subcontratado a la firma de Angeletti.

“Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés”, sostiene el escrito judicial.

La diputada también menciona al Grupo Foggia, ligado a Mora Gorini -referenciada como cercana a Karina Milei-, como otro de los actores que habrían contratado los servicios de la consultora.

En ese sentido, la presentación plantea la existencia de “relaciones comerciales cruzadas” entre empresas proveedoras del Estado y el entorno privado del funcionario. “La circunstancia de que una empresa con tan amplia y profunda penetración contractual en el sector público figure simultáneamente como cliente de la consultora propiedad de la cónyuge del Jefe de Gabinete de Ministros (…) configura un cuadro (…) que refuerza significativamente la hipótesis de un posible conflicto de interés estructural”, señala.

El escrito va más allá y traza un paralelismo con investigaciones judiciales del pasado. Pagano compara la operatoria denunciada con las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, que involucraron a Cristina Fernández de Kirchner, al señalar similitudes en el uso de estructuras privadas vinculadas a familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.

Otro de los ejes apunta a la relación con el sector energético. La denuncia menciona que la consultora de Angeletti tiene entre sus clientes a National Shipping S.A., una firma dedicada al transporte de hidrocarburos que, según se indica, ha sido durante años contratista de YPF.

“National Shipping S.A. (…) ha sido durante las últimas dos décadas una de las principales contratistas navieras de YPF S.A.”, detalla el texto presentado por la legisladora.

El dato adquiere relevancia porque el propio Adorni ocupa un lugar en el directorio de YPF en representación del Estado, lo que, según la denuncia, profundiza el posible conflicto de intereses.

Con esta presentación, la disputa dentro del oficialismo escala a tribunales y suma presión sobre uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. La investigación deberá determinar ahora si las relaciones comerciales señaladas constituyen una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública o si se trata de vínculos sin implicancias legales.