La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó retirar la custodia de la Policía Federal en 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía, una medida que derivó en un conflicto con la DAIA y abrió una negociación aún en curso.

La decisión implicó el traslado de 60 agentes de un total de 80 que estaban asignados a esa función. El resto del esquema de seguridad había quedado en manos de la Ciudad tras el traspaso de la fuerza, con unos 160 efectivos destinados a la protección de escuelas, templos y otras instituciones de la comunidad.

Desde el Ministerio justificaron el movimiento en la necesidad de reforzar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un área que busca consolidarse como eje de investigación criminal. El organismo había sido impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich con la idea de replicar un modelo similar al del FBI.

Más allá del argumento oficial, la medida generó preocupación por el momento en que se implementó. El recorte de custodias se conoció en simultáneo con una escalada verbal entre el gobierno argentino y Irán, que volvió a ubicar a Javier Milei en el centro de la escena.

El contexto suma un componente simbólico: la decisión coincidió con el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, un hecho que marcó la historia reciente en materia de seguridad y terrorismo internacional.

En paralelo, el diario Tehran Times -vinculado al gobierno iraní- calificó la postura del mandatario argentino como una “línea roja imperdonable”. Milei, por su parte, había definido previamente a Irán como un “enemigo” y volvió a referirse en esos términos durante el acto conmemorativo, al hablar del “cobarde ataque del terrorismo iraní”.

La reacción de la DAIA fue inmediata. La entidad encendió una señal de alerta al tomar conocimiento de la medida y activó canales de diálogo con el Gobierno para revertir o, al menos, revisar la decisión.

El trasfondo del conflicto combina dos planos: por un lado, la reorganización interna de las fuerzas de seguridad; por otro, un escenario internacional más tenso que vuelve a poner en discusión los esquemas de protección en objetivos sensibles.

Por ahora, el Gobierno sostiene el argumento operativo detrás de los traslados, mientras que la dirigencia comunitaria insiste en la necesidad de mantener los niveles de custodia. La resolución de esa tensión dependerá de una negociación que, por estas horas, sigue abierta.