La llegada de un avión militar estadounidense a Ushuaia a fines de enero había inseminado todo un manto de dudas y suspicacias, que en aquel momento el Gobierno no se molestó en despejar. Dos meses después, una denuncia pone sobre la mesa una hipótesis que vulnera la soberanía nacional en una región más que sensible en este aspecto.

El 26 de enero, un Boeing C-40 Clipper aterrizó en la capital fueguina tras despegar desde la base Joint Base Andrews, en Maryland, con escalas en San Juan y en Buenos Aires. El arribo, poco habitual para ese tipo de aeronaves, coincidió con el creciente interés de Estados Unidos en el Atlántico Sur.

En aquel momento, la explicación oficial fue escueta. La embajada estadounidense señaló que se trataba de una comitiva bipartidista de la Comisión de Energía, y el Gobierno replicó esa versión sin agregar precisiones.

Sin embargo, un artículo reciente de la revista Foreign Affairs Latinoamérica introduce un elemento nuevo. Según esa publicación, tanto la visita como la intervención administrativa del puerto de Ushuaia decidida por la gestión de Javier Milei forman parte del mismo plan.

El texto sostiene que “se inscribe en una estrategia de política exterior más amplia, en la cual el ejecutivo argentino ofreció el puerto de Ushuaia como un activo estratégico dentro de una negociación orientada a facilitar la incorporación de Argentina a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, iniciativa presentada en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos”.

La hipótesis va más allá: plantea que la adhesión a ese esquema -una suerte de organismo internacional alternativo- implicó un costo de mil millones de dólares, y que el puerto fueguino habría funcionado como parte de ese “pago” en términos geopolíticos.

En ese marco, la intervención del puerto adquiere otra dimensión. “El control federal del puerto adquiere un sentido político adicional, ya que permitiría destinar su uso a fines militares y comerciales vinculados a dicha relación bilateral, más allá de las funciones tradicionales del puerto dentro del esquema federal argentino”, señala la publicación.

El valor estratégico de Ushuaia explica el interés. Ubicado en un punto clave del Atlántico Sur, el puerto opera como puerta de entrada a la Antártida y nodo logístico para múltiples actividades. En las últimas temporadas, recibió más de 1300 buques de distintos tipos y movilizó a cientos de miles de personas entre pasajeros y tripulantes.

“Esta centralidad convierte a Ushuaia en un enclave estratégico en un momento de creciente competencia internacional por el control de rutas marítimas, recursos naturales y proyección hacia el continente antártico”, añade el artículo.

Hasta el momento, el supuesto acuerdo no fue confirmado por ningún funcionario. Tampoco hubo explicaciones adicionales sobre el alcance de la presencia estadounidense en la zona ni sobre los términos de la intervención del puerto.

La posibilidad de que Estados Unidos amplíe su capacidad de control, monitoreo y uso en la región abre interrogantes sobre el impacto en la soberanía y en los equilibrios regionales. En particular, en un contexto marcado por la disputa global con China por áreas de influencia.

El tema ya genera incomodidad en áreas sensibles del propio Gobierno, como Cancillería y Defensa, y también despierta preocupación en Chile. El trasfondo es el Tratado Antártico, que limita la presencia militar en la región y podría verse tensionado por este tipo de movimientos.

Con escasa información oficial y señales cruzadas, el episodio de Ushuaia deja de ser un hecho aislado y pasa a formar parte de un tablero más amplio, donde la política exterior, la seguridad y los intereses estratégicos vuelven a cruzarse.