A 50 AÑOS
A medio siglo del quiebre institucional que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina, el consenso social en torno a su condena sigue siendo amplio. Según una encuesta presentada por el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales, la mayoría de la sociedad mantiene una valoración crítica del régimen que comenzó con el Golpe de Estado en Argentina de 1976.
El estudio, realizado sobre una muestra nacional de 1136 casos en octubre de 2025, indica que el 71% de los encuestados considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”. Además, el 63% afirma que no existieron razones que justificaran el derrocamiento del gobierno constitucional.
Para la mayor parte de los consultados, la responsabilidad central del golpe recae en las Juntas Militares que tomaron el poder aquel 24 de marzo de 1976.
El informe, titulado “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, señala que para el 61% de la población el período se explica fundamentalmente como un plan sistemático de desapariciones y violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, el trabajo detecta que persisten interpretaciones más ambiguas. Un 32% de los encuestados considera que el régimen militar fue “una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos”.
Según los investigadores, ese dato refleja que, aunque el rechazo social es mayoritario, todavía sobreviven visiones que relativizan la naturaleza represiva del régimen.
El relevamiento también concluye que las políticas de memoria, verdad y justicia desarrolladas desde la recuperación democrática tuvieron un efecto profundo en la construcción de la memoria colectiva.
Gran parte de los encuestados afirmó haberse informado sobre la dictadura en ámbitos educativos o a través de conversaciones familiares. Ese proceso contribuyó a consolidar un lenguaje común en torno a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.
“Las categorías de ‘desaparición’, ‘represión’, ‘violación de derechos’ y ‘plan sistemático’ forman parte del sentido común democrático”, sostiene el informe.
Otro dato significativo es el respaldo social a los procesos judiciales. Siete de cada diez personas se manifestaron a favor de que el Estado continúe juzgando a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El estudio también se publica en un contexto de fuertes cambios en las políticas públicas vinculadas a la memoria histórica. Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei avanzó en la reducción de programas estatales dedicados a la investigación de los crímenes de la dictadura y a la búsqueda de personas apropiadas durante ese período.
Organismos de derechos humanos sostienen que estas decisiones afectan directamente la tarea de identificación de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente.
Se estima que aún quedan más de 300 personas cuya identidad fue alterada durante la dictadura y que todavía no pudieron ser encontradas por Abuelas de Plaza de Mayo.
Hasta fines de 2023, la organización que preside Estela de Carlotto contaba con una colaboración activa del Estado nacional para avanzar en esas investigaciones.
Sin embargo, distintas resoluciones administrativas y decretos redujeron esa cooperación, lo que -según denuncian organismos de derechos humanos- complicó el trabajo de búsqueda. A pesar de esos obstáculos, durante la actual gestión se logró restituir la identidad de tres nuevos nietos.
Uno de los cambios más significativos fue el cierre por decreto, en agosto de 2024, de la Unidad Especial de Investigación para la Búsqueda de Niños Desaparecidos.
Ese organismo funcionaba bajo la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y durante dos décadas trabajó en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para investigar casos de apropiación de menores.
Entre sus facultades se encontraba el acceso a archivos estatales y registros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como la posibilidad de requerir documentos y testimonios relevantes para las investigaciones.
El debilitamiento institucional también alcanzó a la propia CoNaDi, que perdió cerca del 40% de su personal desde diciembre de 2023. A los trabajadores que permanecen en el organismo se les redujeron los salarios entre un 20% y un 70%, según denunció el CELS.
Incluso antes del cierre de la UEI, los ministerios de Seguridad y Defensa -entonces encabezados por Patricia Bullrich y Luis Petri- habían rechazado pedidos para acceder a registros de las Fuerzas Armadas y de distintas fuerzas de seguridad en causas administrativas relacionadas con la apropiación de menores.
Gran parte de los casos investigados involucran a miembros de esas instituciones, ya que numerosos niños nacidos en cautiverio fueron entregados ilegalmente a familias vinculadas al aparato represivo.
Otro organismo afectado fue el Banco Nacional de Datos Genéticos, que reúne las muestras biológicas de familiares que buscan a personas desaparecidas y de quienes sospechan haber sido apropiados durante la dictadura.
El Gobierno intentó quitarle su autonomía funcional mediante un decreto que posteriormente fue dejado sin efecto por el Congreso.
De acuerdo con el CELS, el banco funcionó durante 2025 con un presupuesto insuficiente y atravesó semanas sin conducción formal, lo que paralizó temporalmente los análisis genéticos.
Actualmente la institución continúa operando bajo la presidencia de Mariana Herrera Piñero, cuyo mandato fue prorrogado de manera retroactiva hasta que se convoque a un concurso público para regularizar el cargo.
A pesar de los retrocesos institucionales y del clima político adverso, el estudio presentado por la UBA y el CELS sugiere que, cincuenta años después del golpe, la memoria democrática sigue profundamente arraigada en la sociedad argentina.
