El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo la lupa judicial luego de que se presentaran dos denuncias penales por la participación de su pareja, Bettina Angeletti, en el vuelo oficial que trasladó a la comitiva del Gobierno a Estados Unidos.

Las causas fueron sorteadas este miércoles en la Cámara Federal porteña. Una de ellas, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Daniel Rafecas. La segunda fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N.º 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.

Las denuncias se originaron luego de que el funcionario defendiera públicamente la presencia de su pareja en la delegación que viajó a Nueva York a bordo del avión presidencial ARG 01, en el marco de la agenda oficial de la Argentina Week.

En una entrevista televisiva, Adorni explicó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”.

El jefe de Gabinete sostuvo además que el traslado no implicó gastos para el Estado. “Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó.

La denuncia de Pagano plantea que la situación podría configurar distintos delitos contra la administración pública. En su presentación mencionó presuntas figuras de peculado, defraudación contra el Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la legisladora, el episodio adquiere una dimensión institucional mayor por un antecedente reciente: días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había promovido cambios en el régimen que regula las misiones oficiales al exterior.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero, estableció límites a la integración de las comitivas. Entre otros puntos, fijó que cada misión internacional debería contar con un máximo de un funcionario por evento o actividad, salvo que exista una justificación excepcional para ampliar la delegación.

También dispuso que, en caso de sumar integrantes adicionales, la autoridad solicitante debía fundamentar expresamente las razones de cada incorporación.

En ese contexto, Pagano sostuvo que “el denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”.

Por su parte, Dalbón presentó una denuncia por presunta malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado.

En su escrito sostuvo que “la utilización de bienes para fines personales o privados constituye una cuestión de particular gravedad institucional”, ya que podría implicar un desvío del destino legal de los recursos públicos.

El abogado solicitó además que se requiera a Casa Militar toda la documentación vinculada al vuelo realizado por la aeronave presidencial. También pidió que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia informen si Angeletti formó parte oficialmente de la comitiva y, en ese caso, qué función institucional habría desempeñado y bajo qué normativa fue autorizada su participación.

Mientras el expediente comienza a tramitar en los tribunales federales, Adorni volvió a referirse al tema este miércoles en declaraciones periodísticas.

“Yo quería que venga y Presidencia la invitó. Se terminó. Corren todos los gastos por nuestra cuenta. No hay nada más que aclarar, lo demás ya se dijo”, señaló en diálogo con El Cronista.

El funcionario también cuestionó las versiones que circularon en redes sociales sobre el episodio. “Ojo con las fake, ojo con las fotos que están subiendo que no son reales. Ojo con todo el ruido que hay porque bueno, siempre hay agazapados esperando por donde entra”, agregó.

A las denuncias penales se sumó además una presentación ante la Oficina Anticorrupción. El abogado Agustín Rombolá solicitó que el organismo determine si el traslado de la pareja del jefe de Gabinete se ajustó a la normativa vigente o si implicó un uso de bienes públicos ajeno al objetivo de la misión oficial.