El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se encontraba en Nueva York cuando comenzó a gestarse una protesta policial que terminó rodeando la Casa de Gobierno provincial. El mandatario participaba de una agenda de reuniones con inversores en Manhattan, en el marco de la gira que encabezó el ministro de Economía Luis Caputo, cuando recibió los primeros llamados que advertían sobre la situación en San Salvador.

El encuentro se desarrollaba en la sede del Council of the Americas, en Park Avenue, donde funcionarios argentinos escuchaban exposiciones ante empresarios y representantes financieros internacionales.

Mientras tanto, a más de 7.000 kilómetros de distancia, unos 300 policías -entre efectivos en actividad y retirados- se concentraban frente a la gobernación jujeña. El grupo reclamaba un aumento salarial del 50% y protagonizó una protesta que incluyó quema de neumáticos y forcejeos con las rejas del edificio oficial.

La manifestación se desarrolló en el centro de la capital provincial y generó momentos de tensión cuando algunos participantes lograron derribar uno de los portones del predio. Aun así, el conflicto no derivó en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar.

En un primer movimiento político, la administración provincial optó por presentar una denuncia penal contra los manifestantes. La decisión fue interpretada por distintos sectores como un intento de disciplinar la protesta.

El reclamo expuso un malestar que atraviesa a las fuerzas de seguridad de la provincia. Según dirigentes locales que mantienen contacto habitual con el personal policial, los efectivos trabajan jornadas de hasta 12 horas y perciben ingresos que rondan el millón de pesos mensuales.

La fuerza jujeña no cuenta con sindicatos que representen formalmente a sus integrantes, por lo que las protestas suelen emerger de manera espontánea ante el deterioro del poder adquisitivo.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada se produjo cuando un cordón de Infantería -integrado en gran parte por mujeres- salió a contener a los manifestantes frente a la Casa de Gobierno. La tensión comenzó a disminuir recién cuando se presentó en el lugar el subjefe de Policía, Joaquín Carrillo, para intentar ordenar la situación.

El detonante inmediato del conflicto fue una decisión del Ejecutivo provincial que otorgó un incremento salarial al Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), encargado de custodiar a funcionarios y autoridades legislativas. La medida fue interpretada por los policías de calle como un privilegio para un sector reducido de la fuerza.

En paralelo, el malestar amenaza con extenderse a otros sectores del empleo público. Trabajadores estatales, docentes y empleados del sistema de salud provincial comenzaron a organizar reclamos propios por recomposición salarial.

Durante la protesta también apareció una figura que alimentó suspicacias en el escenario político local: el policía retirado Pedro Torres, ex intendente peronista de Caimancito durante la gestión del ex gobernador Eduardo Fellner.

Torres anunció públicamente un supuesto acuerdo con el gobierno provincial que finalmente nunca se concretó, lo que contribuyó a incrementar la confusión entre los manifestantes. En la provincia recuerdan que actualmente ocupa un cargo en la estructura del gobierno jujeño, al que fue designado por decreto como coordinador de Planificación y Gestión Institucional.

El conflicto policial en Jujuy no es un episodio aislado. En las últimas semanas se multiplicaron reclamos similares en distintas provincias, en un contexto de deterioro de los ingresos y caída de la recaudación fiscal.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, ofrecen otra lectura. En la Casa Rosada sostienen que las protestas no responden tanto a una crisis económica como al corte de circuitos de recaudación ilegal dentro de algunas fuerzas de seguridad.

Más allá de esas interpretaciones, entre los manifestantes predomina una explicación más sencilla: el salario ya no alcanza.

La protesta también dejó al descubierto tensiones políticas internas. Entre los grupos que rechazaron la oferta salarial se identificaron sectores cercanos al comisario retirado Luis Ángel Miranda, actualmente vinculado a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por impulso del diputado libertario Manuel Quintar.

Mientras el conflicto escalaba en las calles jujeñas, Sadir continuaba su agenda en Estados Unidos junto a otros gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei en una gira destinada a atraer inversiones.

Durante las reuniones en Nueva York, el mandatario provincial mantuvo contactos con representantes de grandes empresas y bancos internacionales, entre ellos ejecutivos de Rio Tinto, Glencore, McEwen Mining, JPMorgan Chase y Bank of America.

La provincia viene de celebrar un fuerte crecimiento en la producción de litio, que el año pasado alcanzó unas 67.000 toneladas gracias a proyectos como Exar y Sales de Jujuy.

Sin embargo, la escena de la protesta frente a la Casa de Gobierno dejó en evidencia otra cara del modelo económico que impulsa la provincia: mientras se buscan inversiones para ampliar la explotación de recursos naturales, amplios sectores de la población enfrentan un deterioro persistente de sus ingresos.

La combinación entre caída de la actividad, freno a la obra pública y reducción de la recaudación -que acumula varios meses consecutivos de retroceso- agrava la situación fiscal de las provincias.

En ese contexto, gobernadores como Sadir enfrentan una tensión cada vez más visible: seducir a los grandes capitales para impulsar proyectos estratégicos mientras crece el malestar social entre sus propios votantes. La protesta policial que estalló en pleno viaje oficial terminó funcionando como un síntoma de esa contradicción.