En la antesala de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno nacional difundió una serie de videos institucionales con un controvertido contenido político, en los que cuestionó las políticas de género implementadas en años anteriores y reivindicó el desmantelamiento de esos programas durante la actual gestión.

Las piezas audiovisuales fueron publicadas en las redes oficiales de la Casa Rosada y marcaron el tono del discurso oficial para el 8 de marzo. En los mensajes, el Ejecutivo sostuvo que las iniciativas destinadas a promover la igualdad de género se transformaron en estructuras burocráticas y gastos innecesarios del Estado.

“Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó”, afirma uno de los videos difundidos por el Gobierno.

El spot también cuestiona la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades durante la presidencia de Alberto Fernández. “En 2019 el nacimiento del ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, sostiene la pieza institucional.

En esa misma línea, el mensaje oficial asegura que “las políticas de género y diversidad implementadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos”, y mezcla esa crítica con referencias a distintas denuncias por violencia o abuso sexual que involucraron a dirigentes políticos del peronismo.

Entre los casos mencionados aparecen la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente y la condena por abuso sexual contra el ex gobernador tucumano José Alperovich.

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei impulsó una eliminación casi total de las políticas públicas vinculadas a la agenda de género. Entre las primeras medidas de su gobierno se dispuso el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, además de la interrupción de distintos programas destinados a la prevención y asistencia en casos de violencia de género.

Los recortes también alcanzaron a la Línea 144, el servicio de asistencia telefónica para víctimas, y a programas vinculados a la salud sexual y reproductiva. A su vez, la administración nacional prohibió el uso del lenguaje inclusivo dentro de la administración pública.

Un segundo video difundido por el Gobierno defendió esas decisiones y afirmó que las políticas de género “violentan la igualdad ante la ley”. En el mismo mensaje, el Ejecutivo sostuvo que los programas implementados en años anteriores no lograron reducir la violencia contra las mujeres.

Según la narrativa oficial, la baja en los femicidios registrada durante el último tiempo sería consecuencia de la política de seguridad impulsada por el Ministerio que conduce Patricia Bullrich, basada en el principio de “el que las hace las paga”.

Las publicaciones generaron una inmediata reacción en distintos sectores políticos y sociales. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) cuestionó los datos utilizados por el Gobierno y sostuvo que las estadísticas oficiales no reflejan con precisión la magnitud de la violencia de género.

Desde esa organización también advirtieron que las desigualdades estructurales continúan afectando de manera desproporcionada a las mujeres, tanto en términos de pobreza como en la brecha salarial.

Las críticas también llegaron desde la dirigencia política. La diputada Myriam Bregman calificó a los funcionarios del gobierno como “básicos” y aseguró que las provocaciones oficiales no frenarán la lucha del movimiento feminista.

En la misma línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó lo que definió como una “violencia discursiva” por parte del Ejecutivo nacional contra las mujeres y las diversidades.

Mientras tanto, las organizaciones feministas mantienen una mirada crítica sobre el diagnóstico oficial. Aunque la Casa Rosada sostiene que los femicidios disminuyeron durante la actual gestión, los colectivos que monitorean la violencia de género advierten que los datos podrían estar afectados por un subregistro de casos.

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven informó que entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026 se registraron 43 víctimas fatales de violencia de género en el país.

“Denunciamos que muchos de los femicidios podrían haberse evitado: en el 19% de los casos las víctimas habían denunciado con anterioridad a sus agresores”, señalaron desde la organización al presentar el informe.

Según ese relevamiento, en lo que va del año se registra un femicidio cada 34 horas en Argentina. Si se suman los intentos de femicidio, la frecuencia asciende a un caso cada 21 horas, una cifra que, para las organizaciones feministas, refleja la persistencia de un problema estructural que sigue atravesando a la sociedad.