Juan Bautista Mahiques no dejó pasar ni los primeros días de gestión antes de mover fichas en áreas sensibles del Ministerio de Justicia. Su primera decisión de peso fue pedir la renuncia de los responsables de dos organismos que venían impulsando investigaciones sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una jugada que en la práctica abre un período de transición que podría ralentizar expedientes clave.

La salida de las autoridades de esos entes obligará a sus reemplazantes a interiorizarse en los expedientes en curso. Ese proceso administrativo, inevitablemente lento, le concede tiempo a la dirigencia de la AFA en medio de un escenario político en el que el Gobierno venía acelerando investigaciones contra la cúpula del fútbol.

El movimiento del flamante ministro se produce en medio de interrogantes dentro del propio oficialismo sobre el alcance real de la ofensiva contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su principal aliado, Pablo Toviggino. Mahiques llegó al cargo rodeado de suspicacias por sus vínculos previos con el mundo del fútbol, lo que alimenta la lectura política de cada una de sus decisiones.

Entre los antecedentes que alimentan esas dudas figura su presencia en una quinta ubicada en Pilar, asociada a Toviggino y bajo investigación por presunto lavado de dinero en la justicia federal. Allí participó de un festejo de cumpleaños de su padre, el camarista de Casación Federal Carlos “Coco” Mahiques.

Además, el ahora ministro había gestionado la defensa legal del dirigente santiagueño en distintas causas judiciales.

La designación de Mahiques fue fruto de un acuerdo político entre Karina Milei y Daniel “Tano” Angelici. En el entorno libertario ese entendimiento se interpretó como un intento de reducir la presión judicial que pesa sobre la hermana del presidente en expedientes sensibles, entre ellos los vinculados a Andis y Libra, al tiempo que también permitiría aliviar la situación de aliados en el ámbito del fútbol.

En ese contexto comenzó a circular una pregunta incómoda dentro de La Libertad Avanza: si el pacto político implicaba también bajar la intensidad del enfrentamiento del Gobierno con la conducción de la AFA. Hasta ahora, la ofensiva oficial se articulaba a través de tres organismos de control bajo la órbita de Santiago Caputo: ARCA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

“Mahiques tiene que dar una prueba de sangre que avanzará contra la AFA”, afirmó en diálogo con LPO un dirigente cercano a Karina Milei. La señal que esperan en ese sector es que la llegada del nuevo ministro no implique un repliegue en las investigaciones.

Sin embargo, los primeros movimientos de la nueva conducción del Ministerio de Justicia dejaron abierta la incógnita. Mahiques solicitó la renuncia de Ernesto Gaspari, titular de la UIF, y de Daniel Vítolo, quien encabezaba la IGJ, el organismo que venía mostrando mayor actividad en el conflicto con la AFA.

De hecho, fue la IGJ la que impulsó las primeras acciones contra la conducción de Tapia al inicio de la gestión de Javier Milei. Aquella ofensiva llegó a tal punto que la AFA decidió trasladar su sede institucional a la provincia de Buenos Aires para quedar bajo jurisdicción bonaerense y evitar los requerimientos del organismo nacional.

La tensión entre los distintos sectores del oficialismo ya había quedado expuesta antes de la asunción de Mahiques. En conversaciones reservadas con periodistas, Santiago Caputo deslizó que impulsaría acciones judiciales para lograr la detención de Tapia utilizando como herramientas la UIF y la IGJ, un comentario que fue interpretado como una forma de condicionar al nuevo ministro.

El escenario se volvió todavía más complejo luego del episodio que involucró al gendarme Nahuel Gallo. Mientras desde el Gobierno buscaban capitalizar el desenlace de su rescate, las gestiones realizadas por Tapia terminaron colocando al dirigente futbolístico en el centro de la escena, un resultado que incomodó a Javier Milei, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Canciller, Pablo Quirno.

Desde entonces, Bullrich y Quirno acusaron al titular de la AFA de intentar “colgarse” políticamente del episodio. Pero, en paralelo, el nuevo ministro de Justicia comenzó a enviar señales que dentro del oficialismo algunos interpretan como gestos de distensión hacia el dirigente del fútbol.

En ese tablero cruzado, Caputo -que perdió influencia en la designación del titular de Justicia- analiza utilizar las herramientas que aún controla para exponer a la nueva conducción del área. En ARCA, el organismo que permanece bajo su órbita, avanzan en la preparación de una denuncia que podría impactar de lleno en la estructura institucional de la AFA.

Mientras tanto, los cambios ordenados por Mahiques también empiezan a generar efectos colaterales dentro del propio Gobierno. La salida de Gaspari de la UIF pone en riesgo la implementación de la denominada ley de inocencia fiscal, una iniciativa que todavía necesita reglamentación para entrar en vigencia.

Paradójicamente, Gaspari había llegado a la conducción del organismo después de que su antecesor, Paul Starc, se negara a firmar esa reglamentación. El ex funcionario temía que la medida pudiera derivar en sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un riesgo que ahora vuelve a aparecer en el horizonte de la política económica.

Así, en medio de las disputas internas del oficialismo y de los equilibrios políticos que atraviesan al mundo del fútbol, la primera decisión fuerte del nuevo ministro de Justicia abrió una pausa en el frente judicial contra la AFA y dejó planteada una incógnita central: si el Gobierno mantendrá su ofensiva o si comenzará una etapa de repliegue.