CIFRAS PREOCUPANTES
El mantra del "déficit cero" enfrenta su desafío más complejo desde el inicio de la gestión. La dinámica de las cuentas públicas ha comenzado a reflejar una realidad incómoda: mientras la actividad económica se hunde y arrastra la recaudación, el gasto público encuentra un límite en su capacidad de ajuste debido a la indexación automática de jubilaciones y planes sociales.
Siete meses en rojo: el desplome de los ingresos
La recaudación tributaria no da señales de vida. Febrero marcó el séptimo mes consecutivo de caída real, con un retroceso que se estima entre el 9,1% y el 9,7% (dependiendo de si la inflación cierra en 2,1% o escala al 3% como vaticinan consultoras como Eco Go).
El diagnóstico es claro: la recesión está pegando de lleno en el corazón de la estructura impositiva. El IVA DGI y el Impuesto al Cheque —termómetros indiscutidos del consumo y la actividad comercial— muestran caídas pronunciadas. Solo el impuesto a los combustibles (ITC) logró mantenerse a flote, mientras que el resto de los tributos (Retenciones, Bienes Personales e Internos) operan en terreno negativo.
La trampa de la indexación
Para cumplir con la meta de superávit primario del 2,2% del PBI, el Gobierno se encuentra en una encrucijada matemática. Con una caída de ingresos del 8% en el primer bimestre, el ajuste debería ser drástico, pero hay un problema: el 45% del gasto (jubilaciones y asistencia social) está atado a la inflación del mes anterior.
Al estar indexada esa mitad del presupuesto, el esfuerzo fiscal sobre el resto de las partidas debería superar el 20% para compensar la balanza. Es una "frazada corta" que se vuelve cada vez más difícil de estirar.
El empleo y la apuesta a la "Inocencia Fiscal"
La preocupación se extiende ahora al mercado laboral. Febrero registró una fuerte baja en aportes y contribuciones, una tendencia que podría profundizarse con la nueva ley laboral. Al reducirse el porcentaje destinado a la ANSES para financiar el nuevo fondo de despidos, el bache previsional amenaza con ensancharse.
Ante este escenario, el ministro Luis Caputo reconoció esta semana que, para bajar impuestos, primero necesitan que los recursos suban. Sin embargo, el Palacio de Hacienda no apuesta a un rebote de la actividad, sino a la Ley de Inocencia Fiscal.
La estrategia: El Gobierno confía en que la formalización de ahorros y el blanqueo compensen la pérdida de recaudación por la baja de cargas salariales.
La realidad: Por ahora, la ley solo ha servido para ingresar divisas al circuito financiero, sin un impacto real en la caja tributaria.
El pesimismo técnico empieza a ganar terreno incluso en sectores cercanos al oficialismo. El economista Gabriel Caamaño (Outlier) calificó la recaudación de febrero como “una lágrima”, poniendo la lupa sobre el mal desempeño de los derechos de exportación. Por su parte, Nadin Argañaraz (IARAF) confirmó que estamos ante el ciclo contractivo más largo de los últimos tiempos.
Con una inflación que se resiste a perforar el piso del 2,5% - 3%, el margen de maniobra del Gobierno se achica. Si la actividad no repunta y la "Inocencia Fiscal" no aporta los fondos esperados, el objetivo del 2,2% de superávit pasará de ser una meta ambiciosa a un desafío de supervivencia política y económica.
