El oficialismo consiguió este jueves dar un paso clave en su agenda legislativa al aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares. El resultado -40 votos a favor, 31 en contra y una abstención- fue celebrado con entusiasmo por funcionarios de primera línea que siguieron la sesión desde los palcos del recinto.

En una de las galerías se los vio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro del Interior, Diego Santilli; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. El festejo contrastó con el clima tenso que se vivía tanto dentro como fuera del Congreso.

La votación selló un compromiso que la Casa Rosada había asumido con gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en flexibilizar el marco normativo para atraer inversiones mineras y energéticas. La discusión se trasladará ahora a la Cámara de Diputados cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

La previa estuvo marcada por disturbios. Un grupo de activistas de Greenpeace logró saltar las rejas del Palacio Legislativo con la intención de interrumpir la sesión. El operativo de seguridad terminó con una docena de detenidos.

El episodio más grave se produjo cuando un camarógrafo del canal A24 fue reprimido mientras intentaba registrar el accionar policial, que incluyó el uso de gas pimienta.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron el debate sobre el protocolo de seguridad y su impacto en el derecho ciudadano a ser informado por periodistas, un ejercicio que se ha tornado de alto riesgo en cada debate de relevancia en el Congreso.

El proyecto modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010. La norma actual resguarda tanto los glaciares visibles como las áreas periglaciares, compuestas por suelos congelados de agua dulce mezclados con roca y sedimentos, ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.

La iniciativa oficial introduce una distinción técnica al referirse a las “formas periglaciares”. Propone diferenciar aquellas que funcionan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no cumplen esa función de manera comprobable.

En los hechos, la reforma mantiene la prohibición de desarrollar actividades económicas sobre glaciares, pero habilita la posibilidad de avanzar con proyectos productivos en sectores periglaciares que no acrediten un valor hídrico específico. Es decir, ya no todo el ambiente periglacial quedaría automáticamente vedado a la explotación.

El texto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la órbita de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

El organismo técnico deberá identificar glaciares y áreas periglaciares en todo el territorio y, en este último caso, determinar cuáles cumplen funciones hídricas y cuáles no.

Entre las actividades expresamente prohibidas se enumeran aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares: liberación de sustancias contaminantes, instalación de infraestructura, exploración y explotación minera o hidrocarburífera y procesos industriales. En contraste, se permiten investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como el andinismo.

Con la media sanción asegurada, el Gobierno logró una victoria política alineada con su estrategia de promoción de inversiones para explotación de recursos naturales. Pero el debate de fondo -desarrollo versus protección ambiental- promete reeditarse con fuerza cuando el expediente llegue a Diputados.

A los votos del oficialismo, se le sumaron los peronistas de provincias andinas, como el sanjuanino Sergio Uñac o la catamarqueña Lucía Corpacci; y también contaron con el debut como espacio dialoguista del flamante bloque de desertores de Unión por la Patria (UxP) compuesto por la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

Así, la media sanción ratificó la exitosa estrategia del Gobierno nacional de atomizar a la oposición negociando bilateralmente con gobernadores y referentes provinciales del peronismo, atentos a las necesidades particulares de las regiones -no siempre bien atendidas por el corporativismo partidario con sede en la Ciudd de Buenos Aires-.

Por el rechazo, votó el resto del interbloque peronista encabezado por José Mayans; los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad; las legisladoras del PRO, María Victoria Huala y Andrea Cristina; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la chubutense Edith Terenzi, y la cordobesa Alejandra Vigo. La única abstención fue de la neuquina, Julieta Corroza.