Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pararán el lunes 2 de marzo, “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”. La propuesta del paro se aprobó el lunes pasado, tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno provincial, y solo quedaba definir la fecha, que está en línea con la que también definieron los docentes.

En un comunicado, la AJB señaló que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.

“Extrema complejidad”

Se destacó que “las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

La oferta de Provincia consistió en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026.

La AJB mencionó también que “el paro se enmarca en la agenda integral de reivindicaciones que impulsa el gremio, entre ellas aumento salarial, subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, Mesa Técnica de Carrera Judicial, ley de Paritarias para las y los judiciales, defensa del IPS y mejoras en el servicio del IOMA”.

Fondos retenidos

Además del reclamo salarial, los judiciales también se sumaron a “las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.

Afirmaron que “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”.