La eliminación del artículo que recortaba los sueldos de trabajadores enfermos no fue, para el oficialismo, una claudicación sino una pausa estratégica. Así lo dejó en claro Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y dirigente de La Libertad Avanza, al confirmar que el Poder Ejecutivo volverá a la carga con cambios en el sistema de licencias médicas.

El eje de la polémica surgió durante el tratamiento de la reforma laboral en comisiones. El texto original proponía que quienes se encontraran de licencia por enfermedad cobraran solo el 50% o el 75% de su salario, según la gravedad del cuadro clínico. La iniciativa implicaba alterar de raíz el principio de protección al trabajador que rige en la legislación actual.

El rechazo fue transversal. Sindicatos, bloques opositores e incluso aliados como el PRO y la UCR advirtieron sobre el alto costo político de avanzar con un recorte que impacta directamente en personas en situación de vulnerabilidad.

Ante esa presión, el oficialismo dio marcha atrás y dejó vigente -por ahora- el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago íntegro del salario durante la licencia.

Pero la tregua tiene fecha de vencimiento. Abdala sostuvo que “con el correr del período ordinario” enviarán una nueva iniciativa para “corregir” lo que consideran distorsiones del sistema. En la argumentación oficial aparece con fuerza la denuncia de supuestos “certificados médicos truchos” y la idea de que el esquema actual resulta “abusivo”.

Desde la Casa Rosada insisten en que el recorte salarial es apenas una pieza dentro de un proyecto más amplio de modernización laboral, al que describen como “bondadoso” en su conjunto. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner en discusión quién debe asumir el riesgo ante una enfermedad: si la empresa o el trabajador. El planteo libertario desplaza esa carga hacia el empleado, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para la normativa vigente, el salario durante la convalecencia es un derecho irrenunciable que asegura la subsistencia. Para la administración de Javier Milei, en cambio, se trata de un régimen de “licencias exageradas” que requiere un ajuste urgente.

En este marco, la decisión de dar marcha atrás ante la polémica pública parece haber obedecido más a la urgencia de evitar obstáculos para aprobar la Reforma Laboral que a un escarmiento respecto a la viabilidad y la deseabilidad de la iniciativa.