Javier Milei dio luz verde para que la Argentina firme con China la Adenda 12 que permitirá reactivar las represas de Santa Cruz, la obra insignia de Cristina Fernández de Kirchner. El movimiento destraba un desembolso inmediato de USD 250 millones por parte de la potencia asiática y reabre un frente delicado con Estados Unidos, que observa con recelo cada avance de Beijing en la región.

La definición llega en un contexto internacional cargado. Este martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, Donald Trump volvió a poner el foco en la necesidad de reducir la expansión global china. En paralelo, su secretario de Estado, Marco Rubio, inició una gira por el Caribe con el objetivo explícito de limitar la presencia del gigante asiático en el hemisferio.

En ese tablero geopolítico, la reactivación de las represas no es un gesto menor. Se trata del proyecto de infraestructura más grande financiado por China fuera de su territorio. Más que una obra energética, es una pieza estratégica del vínculo financiero y político entre Buenos Aires y Beijing.

El emprendimiento atravesó años de parálisis, renegociaciones y tironeos diplomáticos. Incluso durante la gestión de Alberto Fernández se frenó el avance, en aquel momento bajo presiones de la administración de Joe Biden. La decisión, resistida por el kirchnerismo más duro, evidenció que la desconfianza hacia la expansión china es una política de Estado en Washington, más allá de los cambios partidarios.

La Adenda 12 busca cerrar ese capítulo de indefiniciones. El nuevo entendimiento reestructura las condiciones financieras, reconoce mayores costos derivados de desplazamientos geológicos en el terreno y habilita la reanudación plena de los trabajos.

Además, contempla un reconocimiento económico cercano a los USD 250 millones para la UTE constructora por los sobrecostos acumulados durante los años de paralización.

El consorcio está liderado por la estatal China Gezhouba Group, junto a las firmas argentinas Eiling e Hidrocuyo, socias desde el inicio del proyecto. En las últimas semanas circularon versiones sobre una eventual salida de los socios locales y una mayor concentración del control en manos chinas.

Sin embargo, fuentes involucradas en la negociación aclararon que esa lectura es apresurada. El documento que está a punto de firmarse es un memorando de entendimiento que reconoce los deslizamientos del terreno, fija compensaciones económicas y deja abierta la posibilidad de ajustes societarios hacia 2026, algo habitual en este tipo de megaproyectos. “No existe una cláusula automática que obligue a la salida de empresas argentinas ni está previsto el ingreso de nuevos socios”, señalaron.

El trasfondo excede lo contractual. Para Beijing, las represas santacruceñas son su carta de presentación en América Latina y un símbolo de su estrategia de financiamiento global. Para la Argentina, la decisión implica navegar una tensión incómoda con la Casa Blanca en momentos en que Milei ensaya gestos de alineamiento personal con Trump.

La apuesta oficial es clara: garantizar el flujo de fondos y reactivar una obra paralizada que impacta en empleo e infraestructura. El costo diplomático, en un escenario de competencia abierta entre Estados Unidos y China, todavía está por verse.