En los meses iniciales de la gestión de Javier Milei, la consigna oficial era tan repetida como contundente: “no hay plata”. Con ese argumento se recortaron envíos de alimentos a comedores y se interrumpieron entregas de medicamentos a pacientes con patologías graves.

Sin embargo, en paralelo, la Cancillería avanzó con la renovación de un contrato millonario para capacitar empleados públicos en inglés.

El acuerdo se firmó con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, institución presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El dato no es menor: por entonces, el economista todavía no ocupaba formalmente un cargo en el Ejecutivo, pero ya se mostraba como uno de los principales impulsores del achique estatal que luego asumiría como bandera desde la cartera que actualmente encabeza.

Según reveló El DiarioAR, el 27 de febrero de 2024, bajo la gestión de Diana Mondino en el Palacio San Martín, se suscribió la renovación del convenio por $55,3 millones. La cifra implica un incremento del 398% respecto del contrato firmado en marzo de 2023, durante la administración de Alberto Fernández, que había sido de $11 millones.

El salto supera con holgura la inflación acumulada en ese período -276%-, lo que deja al Estado en una posición difícil de justificar frente al discurso oficial que denuncia despilfarros y promete eficiencia quirúrgica en cada gasto.

La doble vara volvió a quedar expuesta en diciembre, cuando ya como ministro, Sturzenegger firmó una adjudicación directa -sin licitación- por $114 millones para que la entidad que conduce su esposa capacitara a 132 agentes estatales.

Desde los organismos involucrados ensayaron una defensa peculiar: aseguraron que el instituto era “el único capaz de brindar cursos en inglés” y remarcaron que el vínculo contractual existía desde 2018. También señalaron que se aplicó un protocolo que incluyó un dictamen de la Oficina Anticorrupción.

La controversia no llega en el mejor momento para el funcionario al que el presidente apoda “El Coloso”. En los últimos días quedó bajo fuego amigo dentro del propio espacio libertario luego de instalar públicamente la idea de descontar salarios a trabajadores que se enfermen, una cláusula que finalmente debió retirarse ante el rechazo que generó incluso entre aliados del PRO y la UCR.

A eso se sumó otra revelación publicada por Página/12: su cartera firmó el 30 de noviembre un contrato de alquiler por cuatro pisos y 24 cocheras en el microcentro porteño por $720 millones, más expensas y servicios, todos afrontados con fondos públicos.

Así, mientras el ajuste se exhibe como una cruzada moral contra los privilegios del Estado, los números de algunos contratos muestran otra cara. En el contraste entre el discurso del recorte implacable y los convenios millonarios sin licitación, la promesa de austeridad empieza a perder consistencia.