A principios de febrero, el Gobierno anunció el pedido de desafuero de diez trabajaodres del Hospital Garrahan “para proceder con sus despidos”, luego de la protesta que encabezaron contra el descuento de los días de paro. La ofensiva, que fue comunicada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, incluyó además el anticipo de sanciones para otras 29 personas, a quienes se señaló por haber participado de la toma de las oficinas de la dirección en octubre de 2025, en el marco del reclamo salarial.

Pero en las últimas horas el escenario dio un giro. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y ordenó suspender los sumarios administrativos impulsados por la conducción del hospital. “La Justicia Laboral falló a favor del amparo (…) y ordena a la dirección del Hospital Garrahan suspender los sumarios que aplicó”, celebró el gremio en un comunicado.

La decisión representa un revés para las autoridades del establecimiento, que depende del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Según difundieron tanto APyT como la Junta Interna de ATE, la medida cautelar frena el avance del sumario contra dirigentes y activistas que participaron de la denominada “gran huelga del Garrahan”. El amparo fue presentado por APyT y luego contó con la adhesión del equipo jurídico de ATE.

Desde el espacio gremial aclararon que, aunque la presentación original fue realizada por APyT, el fallo es “extensivo a los 40” trabajadores sumariados, incluidos aquellos que no cuentan con fueros sindicales. “Es para todos”, remarcaron.

De acuerdo con la interpretación sindical, la resolución judicial reconoce que existe “persecución y hostigamiento” hacia delegados y activistas en el marco de una medida de fuerza, y que se estaría afectando la libertad sindical con un objetivo disciplinador. También sostienen que tanto Adorni como Lugones anticiparon públicamente sanciones en medio del trámite administrativo, lo que —afirman— vulnera el principio de inocencia y expone que las suspensiones y despidos “fueron dictados por el propio Gobierno”.

Del otro lado, autoridades del hospital —de forma anónima— señalaron al diario La Nación que el descuento de los días de paro, que detonó la toma de la dirección el 31 de octubre y luego fue utilizado como fundamento de los sumarios, respondió a una “necesidad estratégica” para garantizar el funcionamiento de los servicios. Según esa versión, también habría sido un “reclamo” de parte del personal que no adhería a las medidas de fuerza.

“En los pasillos, nos decían que esperaban un aumento salarial, pero también nos pedían que hiciéramos algo con la gente que interrumpía el ingreso del personal, que aparecía disfrazada de payaso en la calle y que amedrentaban en los pasillos a los que querían trabajar”, indicaron desde el hospital que dirige Mariano Pirozzo, nombrado por Lugones y señalado por los gremios como un interventor. Una versión, cuanto menos, llamativa: trabajadores que reclamaban mejoras salariales pero que, al mismo tiempo, cuestionaban a quienes impulsaban las protestas por ese mismo objetivo.