Puertas adentro del Congreso se debate la Reforma Laboral. Puertas afuera, la escena es otra: vallados, uniformes y una protesta que escaló en tensión a medida que avanzó la tarde. Sin convocatoria formal de la Confederación General del Trabajo -que llamó únicamente al paro general- distintas organizaciones políticas y sociales se autoconvocaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La respuesta oficial fue un operativo de magnitud. El Gobierno decidió blindar la zona con vallas y un despliegue conjunto de Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El perímetro quedó prácticamente sitiado desde primeras horas del día.

Con el correr de la jornada llegaron las primeras corridas, el uso de gas pimienta y la intervención del camión hidrante. Hubo detenciones y forcejeos. Organizaciones presentes denunciaron abuso de autoridad y represión indiscriminada. Desde el Ministerio de Seguridad replicaron que el dispositivo apunta a “garantizar el orden constitucional” y que la intervención se activa únicamente cuando grupos encapuchados intentan derribar las vallas o arrojan objetos contundentes.

Las acusaciones cruzadas no tardaron en multiplicarse. Manifestantes sostienen que las fuerzas bloquearon arterias clave como Lima e Hipólito Yrigoyen, dificultando la desconcentración y generando situaciones de encierro que derivaron en empujones y estampidas. También reportaron la utilización de gas pimienta de mayor intensidad que en convocatorias anteriores, afectando no solo a quienes protestaban sino también a transeúntes y jubilados que circulaban por la zona.

En paralelo, se generalizaron controles en los accesos, con requisas de mochilas y una “regulación” sobre el uso de banderas bajo el argumento de que los palos pueden convertirse en proyectiles. Para los organizadores, se trata de un endurecimiento inédito del protocolo. Para el Ejecutivo, de medidas preventivas.

Las redes sociales amplificaron la escena. Circularon videos de jubilados alcanzados por el gas y de efectivos lanzando irritantes sobre personas que ya estaban en el suelo o en retirada. Las imágenes alimentaron la crítica sindical. Desde la CGT calificaron el operativo como una “provocación innecesaria”.

Al cierre de esta edición, el área de Plaza Congreso continuaba militarizada y con focos de conflicto en calles laterales. El contraste es elocuente: mientras en el recinto se discuten cambios estructurales en el mundo del trabajo, en la calle se libra otra disputa, esta vez por los límites del orden público y el derecho a la protesta.